El concejal Martín Pando expresó su opinión con respecto a la situación generada en la localidad de Río Tala, en donde se registró un nuevo hecho de usurpación.
“Como es de público conocimiento, la siniestra denuncia que me hiciera el gobierno municipal el año pasado hizo que por una cuestión de prudencia me auto-excluyera del necesario debate público sobre la cuestión” indica el edil, en una nota dirigida a esta redacción. “Ahora que emergió la verdad, he sentido la necesidad de escribir algunas líneas sobre mi pensamiento frente a este tema” agregó.
Este es el texto enviado por el titular del bloque del Acuerdo Cívico y Social, bajo el título “Populismo y usurpaciones”:
“Se ha instalado en la Argentina, una “impronta Kirchnerista” para cursar la política y administrar las demandas sociales. Esta impronta pareciera justificar apriorísticamente como válida, cualquier forma de protesta frente a demandas insatisfechas que no se hayan logrado resolver mediante los canales institucionales.
Esas demandas, que por lo general son “contra alguien”, son el sustento principal de la construcción del “pueblo” que se hace hoy desde el poder.
Por tanto, se ha fabricado en la política argentina una especie de “tabú” en el que no se pueden cuestionar las protestas sociales, a riesgo de pasar a formar parte del “antipueblo”.
Me permitiré hoy correr ese riesgo:
En nuestra ciudad, parece estar naturalizándose la usurpación de tierras como mecanismo extorsivo para manifestar la demanda insatisfecha de viviendas en los sectores más vulnerables.
La lógica populista que predomina hoy en el sistema político argentino, hace que esos episodios sean entendidos y explicados por el discurso dominante no como un delito contra la propiedad privada, sino como emergente de una demanda social insatisfecha. Siempre en la misma lógica, se otorga a quienes cometen el delito de usurpación un “status” diferente al de los miles de ciudadanos que poseen problemas habitacionales y que esperan años en la “fila institucional”.
Entonces, el estado municipal “negocia” y “acuerda” con los usurpadores, otorgándoles (tal como sucedió en los últimos episodios de San Pedro) planes sociales, materiales de construcción y alquileres de viviendas. Incluso, se ha escuchado por estas horas que el estado municipal compraría el predio usurpado ayer, para entregárselo a los usurpadores.
Al atenderse las demandas de este supuesto “pueblo” (los usurpadores) de manera prioritaria frente al resto de la comunidad que si respeta la ley, no se hace más que legitimar ese mecanismo extorsivo de la usurpación, y multiplicarlo. Así, se deterioran las instituciones, y se institucionaliza el delito.
Y nada se dice o se hace desde el estado por aquellos que resultan víctimas de esta particular maniobra para “formular demandas sociales”. Me refiero de manera particular a aquellos a quienes se les violentó su propiedad privada, y de forma general al resto de la comunidad, que ve fracasar cualquier intento de planificación territorial urbana.
La ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de las Municipalidades y las Ordenanzas Municipales, otorgan al Municipio la competencia, potestad y obligación de intervenir frente a las construcciones ilegales (por precarias que sean).
En definitiva, el Municipio tiene poder de policía sobre este tema y puede utilizar todo el peso de la ley para evitar el daño social que una usurpación implica.
Por tanto, la Municipalidad de San Pedro debe dejar de negociar con usurpadores.
De nada nos sirve un estado “pavote” que corra detrás de quienes lo extorsionan. Lo que necesitamos, es un estado activo que haga cumplir la ley y que aplique una política local de desarrollo urbano, que atienda de forma institucional, transparente y democrática, la emergencia habitacional”.
