Controles, evaluaciones e inmunización en Mateo Sbert

La Secretaría de Salud municipal, en conjunto con el área de Salud Comunitaria, organizó una jornada de salud en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Mateo Sbert, con el objetivo de brindar atención integral a los vecinos y fortalecer la prevención de enfermedades.

Ahorristas del BID reclamaron a la Corte Suprema santafecina la devolución de sus fondos

Información y foto (sede del BID en Venado Tuerto)
Diario "La Capital" de Rosario
Un grupo de ahorristas damnificados por la quiebra del ex Banco Integrado Departamental (BID) realizó un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resuelva el destino de los fondos que se encuentran depositados a la espera de la resolución judicial, resultantes del proceso que encaró la Sindicatura, y que les permitiría cobrar la totalidad de sus deudas.
Según precisaron los propios ahorristas, la cartera que la Sindicatura logró conformar en el proceso de quiebra, suma 227 millones de pesos, un monto que se encuentra depositado en entidades de Venado Tuerto a la espera de que se expida la Justicia.

También señalaron que para saldar el 30% de las deudas aún pendientes con los ahorristas se necesitan 120 millones de pesos.
Por ahora, el reclamo formal fue presentado por los abogados patrocinantes de los ahorristas a la Corte Suprema santafesina que “aún no tomó ninguna decisión, incluso no decidió si le corresponde” abocarse al tema, precisaron fuentes judiciales.
El BID funcionó desde el 30 de noviembre de 1978 hasta el 14 de abril de 1995, cuando se dispuso el cierre. La quiebra se debió al otorgamiento indiscriminado y abusivo de créditos a empresas inviables, con escasa o nula capacidad de repago, vinculadas a directivos de la institución.
Involucró casi mil millones de dólares, 400 millones de desfalco a ahorristas, 320 millones verificados en la quiebra en perjuicio del BCRA. La causa judicial del ex BID se inició el 24 de abril de 1996 en Venado Tuerto. Más tarde se resolvió la detención de los que fueran presidente, Miguel Arduino, y el gerente general, Roberto Cataldi y en marzo de 2009 sin que se llegue a la instancia de un juicio oral y público se conoció la información que la causa prescribió.