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| Fernando Cabaleiro, denunciante |
Nota publicada en la edición dominical de "Tiempo Argentino":
Una nueva mancha salpica a Papel Prensa. Esta vez no se refiere a la denuncia sobre la apropiación ilegal de la empresa en manos de Clarín y La Nación durante la dictadura militar. Se trata de la impunidad ecológica con la que se maneja la firma ya que funciona sin estudio ni declaración de impacto ambiental, como lo exige la Ley provincial 11.723.
La planta cuestionada, que provee de madera al establecimiento industrial ubicado en la localidad bonaerense de San Pedro, tiene varias hectáreas en el paraje de Palantelen, en el partido de Alberti.
Allí funciona María Dolores, una plantación forestal que realiza la primera parte del proceso (descarado) cuyos restos son eliminados en una laguna inmensa de imposible acceso al público. El espejo de agua está estratégicamente ubicado en el medio del predio rodeado por las plantaciones, en su mayoría álamos. La laguna tiene 100 hectáreas y se encuentra absolutamente contaminada: el uso indiscriminado de herbicidas en el proceso forestal la transformó en un acuífero envenenado, sobre todo con arsénico, según se comprobó luego de los estudios preliminares realizados en muestras de agua en la zona. Y lo más grave es que de allí se sirve el municipio local para proveer agua de red domiciliaria a todos los habitantes de Alberti.
El abogado Fernando Cabaleiro, vecino del lugar, fue el primero que llamó la atención sobre el tema y decidió presentar una denuncia judicial el 10 de junio de 2010 para suspender la producción hasta tanto no regularice su situación. Y hasta tuvo que hacerle frente a una “averiguación de antecedentes” por parte de la empresa (ver “Guardan información para desprestigiar”). En diálogo con Tiempo Argentino, Cabaleiro afirmó que “resulta emblemático que con tanta consideración que ha tenido el caso Botnia, no se repare que la principal papelera del país en su primera fase viola la Ley Ambiental y el Estado provincial no realiza los controles debidos”.
El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) es la máxima entidad ambiental de la provincia de Buenos Aires y fue la que realizó una inspección a la planta el 26 de agosto pasado, luego de que Cabaleiro presentara una denuncia para que “informara si Papel Prensa posee Estudio y Declaración de Impacto Ambiental (DIA) conforme lo ordena la Ley provincial 11.723 y en su defecto que se proceda a la suspensión de cualquier tipo de actividad antrópica.”
Luego del peritaje oficial se comprobó que dicha empresa no posee ni estudio ni declaración de impacto ambiental. También se verificó un largo listado de irregularidades, como la falta de actas de trabajo de las fumigaciones realizadas y la falta de gestión sobre disposición final y eliminación de los envases de agroquímicos que se utilizan.
Así fue que el 19 de octubre la OPDS intimó a Papel Prensa SA, mediante la Resolución Administrativa 2145-4074/10, a que el establecimiento de Palantelen se adecue al artículo 10 de la Ley 11.723. Pero, por el momento, todo sigue igual.
Cabaleiro sostiene que la intimación no alcanza: “En realidad no debería estar funcionando, la ley lo prohíbe. Resulta necesario e indispensable que se disponga de inmediato la suspensión de toda actividad de Papel Prensa SA en el predio individualizado hasta tanto no haya Estudio y Declaración de Impacto Ambiental, conforme lo ordena la ley.”
La encargada de prensa de la OPDS confirmó a este diario que hasta el momento “la empresa no presentó ninguna declaración de impacto ambiental”, y que el trámite debe iniciarlo en el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. En este último organismo también negaron que se hubiera presentado la documentación.
Según el denunciante, el objetivo es proteger al acuífero ya que “los agroquímicos son plaguicidas que con los años se van filtrando en el suelo, y no sabemos las consecuencias futuras sobre la población. A tal fin es que se exige que la empresa cumpla con la declaración de impacto ambiental”.
Ante la denuncia, la empresa alegó que no estaba obligada a realizar la declaración de impacto ambiental. Pero sí lo está. Si bien la Ley 11723, que determina qué actividades requieren ese documento, no incluye la agropecuaria ni la forestal pero sí señala que esa enumeración es meramente enunciativa y no taxativa. Al respecto, Cabaleiro afirma que “una interpretación amplia y dinámica del artículo 10 de la Ley 11723 determina que toda actividad que sea susceptible de generar impactos negativos en el medioambiente, como lo es el uso de agroquímicos a gran escala, debe poseer DIA. Y quien no la tiene está desarrollando una actividad ilícita.” Lo mismo sostuvo en 2003 el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, cuando escribió para el diario jurídico La Ley que “toda actividad lícita que presupone la apropiación de un recurso ambiental o que requiere un estudio previo que garantice la protección del recurso que se trate como así una normativa que fije también el uso racional del mismo deja de serlo cuando no se desarrolla dentro de esa normativa, o bien cuando no posee el estudio y declaración previa de impacto ambiental.”
Además de la planta de Alberti, el otro gran proveedor de Papel Prensa se encuentra en las islas del Delta del Paraná donde funcionan pequeñas cooperativas de productores que talan y forestan sauce americano en condiciones muy desfavorables. Allí el reclamo no es ambiental sino económico: denuncian que van a pérdida debido a la cartelización que ejercen los diarios Clarín y La Nación sobre el producto final. Uno de los damnificados es Carlos Azzi, quien habló en la audiencia pública convocada por el Congreso Nacional con el fin de tratar el proyecto de ley que declaraba de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta de celulosa y de papel para diarios, y señaló la “miserabilidad con que nos trata la empresa al pagarnos tan sólo 95 pesos la tonelada de madera, cuando ellos venden la tonelada de papel en más de 2000 pesos.”
Y el destino final de la madera, antes de ser transformada en papel, es San Pedro. Allí sí se acreditaron graves denuncias sobre contaminación ambiental, principalmente en el vertido de los efluentes al Río Baradero, sobre todo por el uso de sulfato y soda cáustica. Así lo comprobó la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable, Romina Picolotti, en 2006, luego de una inspección a la fábrica cuya titularidad comparten Clarín y La Nación (ver “Clarín me armó una campaña de desprestigio”). En 2008, un estudio del Instituto Nacional del Agua (INA) y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Medio Ambientales (UFIMA), dado a conocer por el diario Crítica de la Argentina, verificó que los desechos industriales que esa firma vuelca al río exceden diez veces el límite de materia orgánica en las aguas permitido por la legislación vigente. A pesar de las denuncias, en su página web aseguran que “los efluentes se tratan con un sistema que comprende un tratamiento primario (sedimentación mecánica) y uno secundario, con lagunas de aireación que hacen que la materia orgánica disminuya a valores acordes con la normativa.” Ese complejo fabril, inaugurado el 27 de septiembre de 1978 durante la última dictadura militar, es la única empresa nacional dedicada exclusivamente a fabricar papel de diario. Produce más de 460 toneladas por día y consume 360 mil toneladas de madera de sauces y álamos al año. Si la ley se cumpliera, a San Pedro no podría llegar ni un solo árbol proveniente de Alberti, donde funciona la forestal que debería estar cerrada hasta tanto cuente con su declaración de impacto ambiental.
[Por Fernando Pitaro]
