La iniciativa establece que los trabajadores del ámbito rural podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, y con 25 años de aportes.
También remarca que cuando se hubieran “desempeñado tareas específicas de la actividad agropecuaria y alternadamente otras de distinta naturaleza, a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria, se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
El tercer artículo del proyecto fija una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse sobre la remuneración de los trabajadores comprendidos en el presente régimen. Esa contribución patronal adicional será de tres puntos porcentuales a partir de la vigencia de la esta ley, excluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Además, remarca que “por vía reglamentaria, y como opción para el trabajador, se podrán reconocer los servicios rurales” prestados con anterioridad a la vigencia de esta norma “a través del establecimiento de nuevos medios probatorios y sujeto a un cargo por los aportes omitidos, el que será descontado en cuotas mensuales del haber obtenido al amparo de este régimen provisional”.
