Una investigación difundida hoy por el diputado Walter Martello advirtió que, de los 28 mil presos que existen actualmente en toda la Provincia, el 80% tiene algún tipo de adicción.
De esta cifra, el 54% tiene entre 21 y 30 años y el 95% proviene del Gran Buenos Aires. De todos ellos, el 55% al ingresar en el penal estaba desocupado, el 28% tenía un trabajo en forma irregular, el 56% no tenía oficio ni profesión frente a un 37% que sí. En cuanto a la educación, el 54% terminó sus estudios primarios y sólo el 4% completó sus estudios medios.
Con respecto al perfil del preso bonaerense que expresan las estadísticas Martello sostuvo “hay factores socioculturales que inciden en la agresividad de los presidiarios: más de la mitad de los presos reconoce que consume drogas, la mayoría no logró completar el ciclo escolar primario, poseen escasa o nula experiencia laboral; son reactivos a la autoridad y presentan problemas de integración social; son incapaces de elaborar planes a futuro; y sufren situaciones personales de disgregación familiar”.
Otro dato alarmante que el informe expone es la prevalencia de un alto consumo de psicofármacos por parte de la población carcelaria y la escasa cantidad de psiquiatras para prescribir este tipo de medicamento, sumamente adictivo. Por ejemplo, se destinó un psiquiatra para atender las poblaciones de 3 cárceles compuestas por 2454 reclusos, y otro para ocuparse de 4 unidades con un total de 4188 internos.
“La Provincia no ha articulado programas necesarios acordes a la demanda de tratamientos de las Unidades Penitenciarias. Un profesional no puede atender y ser responsable por cada dos mil o tres mil internos, esto demuestra la poca relevancia asignada al tratamiento de adicciones como elemento necesario para cortar el vínculo entre adicción, delito y reincidencia”, denunció Martello en la investigación.
Según el informe, la superpoblación carcelaria es cercana al 31% ya que para la totalidad de los reclusos se hallan 19 mil plazas distribuidas en 39 penales. Este colapso carcelario está ligado a la insuficiente infraestructura, a la restricción de las excarcelaciones, que provoca cada año el ingreso de 2.000 presos al sistema; y a una partida de fondos que ronda el 2% del presupuesto provincial. Si en los últimos seis años la población penitenciaria aumentó un 70% para el diputado “resulta contradictorio que el gobierno se vanaglorie de haber incorporado excluidos al sistema, cuando claramente los números dicen que han crecido los índices delictivos, ha aumentado la población carcelaria y los niveles de reincidencia”. El trabajo señala también que la Provincia tiene un costo mensual por detenido de $3.400, aunque el número se basa en estimaciones ya que las cifras concretas no han sido difundidas aún por las autoridades.
A su vez la investigación destaca que en territorio bonaerense los menores cometen 76 delitos por día y que más de 13 mil jóvenes se vieron involucrados en causas penales en los primeros seis meses del 2011.“Hablamos de jóvenes y debemos reflexionar acerca de la gravedad de la edad de inicio de estos chicos en el delito, que en algunos casos ronda los 12 años. Cuál es el paso próximo, ¿bajar la edad de imputabilidad a 11 años? Por supuesto que no”, analizó el legislador de la CC.
Pese a que el número de internos adictos mutó a medida que el "paco" y otras sustancias ampliaron su universo de consumidores, el Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con una única Comunidad Terapéutica en la Unidad 18 de Gorina con capacidad para 396 internos, quienes en libertad quedan al libre albedrío. “Lo que es peor es la falta de voluntad para incorporar a un gran número de internos a algún tipo de programa frente a las adicciones. Si no damos un paso en esta dirección, es impensable que estas personas privadas de libertad puedan reincorporarse a la sociedad sin reincidir en el delito. La rehabilitación de los internos es condición sine qua non y un deber del estado para hacer frente a la inseguridad”, concluyó el diputado.
