El Consejo de Educación Católica
de la Provincia
de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresan su posición ante los
recortes anunciados por el gobierno de Daniel Scioli a los subsidios para la
educación pública de gestión privada.
En uno de los párrafos,
manifiestan que “es evidente que las medidas anunciadas de recortar los aportes
destinados a cubrir al personal docente suplente, no otorgarlo a secciones que
posean menos de veinte alumnos –cualquiera sea el nivel o curso-, y suspender
el otorgamiento de cargos pendientes de su obtención por cualquier causa,
impedirán a nuestros establecimientos seguir brindando los mismos servicios”.
Además, remarcan que “se está
poniendo en grave riesgo la continuidad de esa prestación y el sostenimiento de
su calidad, ya que la mayoría de nuestras escuelas no está en condiciones de
afrontar estos recortes ni de compensarlos subiendo los aranceles”.
La nota está dirigida a “todas
las familias que han optado por el estilo de educación pública de gestión
privada eclesial, a los docentes que eligieron ejercer en el mismo su vocación
y al personal no docente que con su tarea cotidiana hace posible concretar el
proyecto educativo”.
En la misma expresan “la
preocupación causada por el anuncio de recortes que haría el Gobierno de la Provincia en relación
con el régimen de aportes que se otorgan a la educación pública de gestión
privada”.
En uno de los párrafos,
manifiestan ser “conscientes de las serias dificultades que la provincia y el
país enfrentan, pero entendemos que en toda emergencia deben privilegiarse y
resguardarse áreas tan sensibles como son la seguridad, la salud y la educación”.
Además, sostienen que no creen
que “la solución sea el recorte del aporte estatal que se brinda a estas
comunidades educativas”.
El aporte a esas instituciones,
agregan “se ha otorgado desde el Estado Provincial, previo cumplimiento de una
serie de requisitos y mucha espera” y se destina “únicamente al pago de
salarios de docentes reconocidos oficialmente, que integran la planta
orgánico-funcional del establecimiento”.
En el mismo sentido, recuerdan
que “en muchos de éstos aún se está a la espera de ese beneficio a nuevos
cursos y cargos derivados de las últimas reformas impuestas por las autoridades
estatales”.
El Consejo que nuclea, entre
otras, a las escuelas privadas de San Pedro informa que “cualquiera sea el porcentaje de aporte con el
que se cuente, éste no comprende salarios de personal docente de planta no
subvencionada, auxiliares y extraprogramáticos, de maestranza y administrativo”.
Tampoco alcanza “al necesario
mantenimiento del edificio, sus reformas y equipamiento, así como al pago de
servicios” que se cubren “con el esfuerzo de la comunidad educativa, y fundamentalmente,
con las cuotas que por aranceles escolares abonan las familias, según los
límites de sus posibilidades, con escalas aprobadas por las mismas autoridades
educativas provinciales”.
Los firmantes de la nota expresan
que “la solución al problema no debe consistir en resignar el derecho de las
familias a optar por este tipo de servicios. De acuerdo a la realidad actual
una gran proporción de estos deberá plantearse seriamente la alternativa de su
cierre a corto plazo”.
En la opinión de quienes administran las escuelas de este tipo “las
autoridades educativas provinciales deberían evaluar nuevamente la dimensión de
la situación en que se coloca a nuestros establecimientos educativos, sobre
todo a aquellos que están insertos en comunidades de bajos recursos”.
