Una nota difundida hoy por un
sector del Socialismo de San Pedro, plantea su posición con respecto a la
seguridad ciudadana en el distrito.
El comunicado está firmado por Fernando
Nouet, Facundo Gelabert, Luis Biglieri, Martiniano Curra y Mariela Bargueño.
Este es el texto:
“La seguridad ciudadana en
San Pedro
Los acontecimientos de los últimos días demuestran que uno
de los principales problemas que debe abordar el Estado municipal y toda la
comunidad de San Pedro es el relativo al control de la criminalidad y al
desarrollo de la política de seguridad.
Especialmente en estos tiempos donde todo está marcado como urgente. Lo
inmediato nos atropella y subestima a las propuestas que buscan encontrar
soluciones duraderas y no sólo de impacto momentáneo.-
Las diferencias socioeconómicas se han acentuado en los
últimos años. San Pedro presenta una notable brecha y la pirámide social es
cada vez más ancha en su base en cuanto a la población pero cada más vez mas
angosta en cuanto a los ingresos de esa parte de la población más vulnerable.-
Necesitamos un nuevo paradigma, que deje de lado la visión
antigua que al delito se lo combate solo con represión. Este nuevo paradigma
debe poner al delito como una categoría social y no exclusivamente jurídica.
Hay que sumar en esta lucha a la conteción social (educación, salud, empleo,
deporte, cultura) todo en un sistema
unificado de todas las áreas no penales pero con el único fin de la prevención
del delito.-
La prevención social del delito, es una necesidad. Hay que
dejar de hablar exclusivamente de seguridad pública y empezar a hablar de otras
seguridades (social, educativa, cultural, ciudadana, habitacional, vial etc.)
que son las formadoras de la criminalidad.-
Debemos edificar nuevas instituciones, una política criminal
compleja, integral y multidisciplinaria. El Estado debe reservarse el exclusivo
derecho a la represión en última instancia, pero antes haber puesto en marcha la Prevención Social
del Delito. Irvin Waller (ex Director General del Centro Internacional de
Prevención de la
Criminalidad de Montreal) ha dicho “duro con el delito, pero
también, duro con sus causas”. Y también remarca que es más barato y eficaz
invertir en prevención que en represión. Ejemplos para nuestra ciudad, debemos
contar con un centro juvenil especializado en cada barrio destinado a jóvenes en
riesgo social que cuente con equipos necesarios a fin de garantizar deporte,
informática, alfabetización y asesoramiento en salud y en prevención de
adicciones. Además, una excelente política de Prevención Social del delito es
fortalecer las instituciones de la comunidad ya existentes en materia de
deportes, cultura y cohesión social en cada barrio. Sostener a los clubes de
barrio, como se hizo en Rosario con el Programa “Volver al Club de Barrio” allá
por el año 2001. El gobierno municipal acaba de anunciar la creación de la Dirección de de
Relaciones con la comunidad, de tareas no muy definidas. Pensamos que una de
las cuestiones que podría empezar a abordar esta dirección es la aplicación de
políticas en materia preventiva en cada club de barrio de nuestra ciudad. Para
esto se requiere de profesionales capacitados, no de punteros políticos. Este
será un escollo importante para esta gestión que padece una inflación de
empleados punteros.-
La problemática de la Seguridad Pública
ya no puede ser solo pensada desde el fenómeno delictivo. Es preciso establecer
el salto cualitativo, interdisciplinario, de carácter integrativo, que permita
apartarse del antiguo concepto de “prevención de la delincuencia, para dar paso
a un concepto vinculado con la “seguridad ciudadana”.-
Por ejemplo, en el año 2009 en la ciudad de San Pedro, se
cometieron seis homicidios, Uno solo ocurrió en ocasión de robo. Los restantes,
provenían de conflictos sociales, familiares, peleas de vecinos, internas de
bandas barriales. Detectados estos conflictos a tiempo y con una pronta y
eficaz intervención del estado en esos casos (con equipos interdisciplinarios)
seguramente alguno de esos cinco hechos no habrían sucedido.-
Uno de los problemas que afecta seriamente el buen servicio
de justicia es la sobrecarga del sistema judicial. El exceso de causas que
tramitan en la Fiscalías
hace que en el cúmulo de tareas un porcentaje muy alto de las investigaciones,
alrededor de un 40%, sea de delitos menores (amenazas, lesiones leves etc).
Esta “montaña” de causas distraen la atención de los Agentes Fiscales. No
pudiendo dedicarse exclusivamente a los delitos más graves. El abordaje de los
problemas en su génesis, debe ser dado por otras instituciones del Estado que
no sea la justicia penal. Que otros organismos intervengan ante la mera amenaza
de cometerse un delito. Que se arbitren medidas de conciliación anteriores a la
condena penal.
A fin del
abordaje de estos delitos de menor cuantía, a fin de no llegar a la solución
penal en primera instancia creemos que previamente estos conflictos deben pasar
el filtro de las Oficinas de Mediación Comunitaria Municipales. Consistentes en
un proceso voluntario, al cual las partes se someten por sí, y que a través de
sus etapas se tratará de crear condiciones que permitan el diálogo entre los
sujetos para arribar a un acuerdo. Además, se debe crear una Dirección de
Seguridad Ciudadana encargada de la detección de los posibles focos de
problemas, que se inserte en los barrios, que acompañe al vecino en la
denuncia. Que se ponga al frente de la desarticulación de las redes de venta de
estupefacientes.-
Si bien nos hemos referido hasta el momento exclusivamente a
los delitos de menor cuantía, al conflicto cotidiano, a las amenazas, las
lesiones leves, etc. También sufrimos y
lo vemos a diario de hechos de violencia muy graves. Estos hechos afectan
seriamente a nuestra comunidad. Como bien nos enseña el maestro Alberto Binder:
“…el debate y el diseño de políticas sigue transitando por caminos superficiales,
demagógicos o preferentemente emocionales. Es completamente necesario entonces,
el diseño de políticas de Prevención social del delito desde los sectores
preocupados por la transformación democrática de la sociedad que permita
construir una política de seguridad eficaz y realizable. Que denuncie además,
la incapacidad de otros sectores políticos para enfrentar los problemas de
seguridad y muestre las profundas complicidades que existen. Este es un tema
fundamental para la construcción de una sociedad democrática, justa e
igualitaria.
Debemos, por ende diferenciarnos de las políticas en esta
materia que solamente se reducen a mantener las actuales condiciones socio
económicas y a endurecer las penas y a la compra de mayor cantidad de
patrulleros y el nombramiento de mayor cantidad de efectivos para las fuerzas
de seguridad. Que en ocasiones hay que hacer las inversiones, pero que, la
solución al problema no se agota en esta cuestión. Este es el único camino
propuesto desde el gobierno local, donde además, se insinuó la loca idea de
crear una nueva “Tasa” para recaudar fondos para la tarea de prevención.-
En primer
lugar, tenemos que tomar conciencia de que se trata de una política compleja,
tan compleja como la realidad económica. La similitud es pertinente por muchas
razones: en una y otra política existe una extensa trama de variables, que es
muy dinámica y arraigada en la cultura; en una y en otra, las acciones del
Estado tienen límites, y es imposible pensar en un control completo. A esta complejidad
debemos agregarle un contexto complejo. Las condiciones sociales de
desigualdad, inequidad y deseos insatisfechos en el marco de una sociedad
consumista y de consumo ostentoso generan de por sí un ambiente objetivamente
violento y, por otro lado, las rápidas mutaciones culturales y el
debilitamiento de lazos sociales, hacen que muchos sectores sociales se
encuentren en un estado de incertidumbre general.-
Ahora, ante tal complejidad, nos preguntamos: ¿Se encuentra
el Estado Municipal en condiciones de abordar estas problemáticas? El mayor
problema estriba en la falta de diseño y planificación. Pero también en la
falta de capacitación de quienes deben dar respuesta a la comunidad.-
El sistema de
seguridad es el conjunto de actores, políticas, acciones y procedimientos etc.
que giran alrededor de las actividades de seguridad y control de la
criminalidad. El sistema de seguridad debe tener el máximo nivel de
participación del Estado posible. La seguridad es un bien público y por ende, todos
los elementos del sistema de seguridad deben ser gobernados por el Estado. A
ello, debemos sumarle la participación ciudadana, particularmente en el
control. Debemos asegurar la distribución equitativa de este bien público. Así
como se aspira a la justa distribución de las riquezas, debemos aspirar a la
justa distribución de la seguridad.-
Hay que
tener capacidad de anticiparse a los hechos y tomar decisiones. Uno de los
problemas de la actual política de seguridad. O mejor dicho, de la ausencia de
política de seguridad es que ella actúa
con un bajo nivel de anticipación. Se corre atrás de los casos con mayor
repercusión pública y de esa manera se termina como rehén de los justos
reclamos populares. Solo se trata de no tener grandes sobresaltos productos de
casos mediáticos o puebladas. Por ejemplo, en la pueblada de la ciudad de
Baradero de marzo del año 2010, se manifestó el germen del descontento popular
por la forma en que se ejercían los controles de tránsito. Todo se pudo haber
evitado con la anticipación a los hechos. Con campañas de uso responsable del
casco para los motociclistas. Con cursos a los inspectores de tránsito en la
forma en que se debe dirigir ante una infracción. Con un abordaje estatal de la
problemática se pudo haber evitado el accidente primero y la violencia desatada
que lo continuó.-
Debemos construir otro camino. Utilizar nuevas herramientas,
las que debemos inventar todos los días. Reducir riesgos mediante la
anticipación, el estudio de la situación y la preparación de equipos técnicos.
Para tomar decisiones que no sean meramente reactivas es necesario tener
capacidad de planificación. El control y prevención de la criminalidad requiere
planificación.
Ahora, a fin de lograr capacidad de planificación debemos
contar con suficiente y fidedigna información. En general la información
existente es pobre e insuficientemente analizada. De hecho, una de las primeras
tareas es construir esas oficinas de información, sin las cuales el sistema
funciona rutinariamente. Buena parte de la eficacia de la política de seguridad
se basa en la capacidad de analizar información. Tarea muy dificultosa cuando
hay que coordinar y sistematizar información producida por distintas
instituciones instaladas en todos los
niveles estatales, dependientes de distintos órganos estatales, etc. El
encargado de sistematizar toda esta información debe ser el municipio.-
Es muy importante
además que las fuerzas de seguridad se sientan controladas. Se debe fortalecer
la capacidad de control en un doble aspecto: por una parte, el control debe
evitar abusos de los agentes de seguridad y por otro lado debe tender a que la
eficacia del sistema sea óptima. Nuestra historia es rica en abusos de parte de
los poderes estatales encargados de la seguridad. Se deben mejorar los
controles internos o los controles de gobierno. Pero también los controles
externos, tales como los que se llevan a cabo por las instancias legislativas y
los foros de participación popular (foros de seguridad) o los organismos de
defensa de de los derechos humanos. Respecto de la participación ciudadana hay
que controlar además que los Foros no se conviertan en un botín de los actores
políticos del lugar y que lo capten con fines meramentes proselitistas
interfiriendo en su verdadero rol. Todo el sistema de control es necesario
reconstruirlo ya que hoy se encuentra
debilitado.-
Necesita San Pedro una concepción integral de la seguridad.
La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas
del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en
todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la
prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida
dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral
que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y
complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las
áreas del Estado.
Debemos desactivar las redes del delito para reducir la violencia. La
realidad indica que un gran porcentaje de los delitos comunes está asociado a
la acción de poderosas redes delictivas, y a un importante mercado ilegal de
armas que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas. Por
lo tanto, reducir la violencia que alarma a nuestra sociedad exige reorientar
los recursos de prevención y de investigación penal hacia la desactivación de
estas redes de delito y de los mercados ilegales”.
