El
Centro de Comercio e Industria emitió un comunicado dando a conocer distintos
aspectos que hacen a la situación de seguridad de San Pedro, en el que advierte
sobre serias deficiencias.
Entre
algunas de las cuestiones que enumera la entidad que integra el Foro de
Seguridad, se encuentra el déficit de policías en las calles. De acuerdo a la
nota emitida, “de los aproximadamente 120 efectivos asignados para todo el
Partido, incluidas las Delegaciones, un 30% está con licencias médicas,
francos, vacaciones etc. El 70% que está en funciones se divide en tercios
durante el día, por lo tanto se cuenta con menos de 30 efectivos por turno para
todo el Partido”.
Además,
advierte que la Policía Científica no tiene sede fija y funciona en un
container en el predio de un depósito de bebidas gaseosas.
También
señalan aspectos relativos al funcionamiento de las dos fiscalías que existen
en San Pedro: “Funcionan en un mismo lugar sin las medidas de seguridad
necesarias para garantizar el resguardo de documentación y elementos
probatorios”. Asimismo aseguran que “no disponen de personal suficiente y
debidamente capacitado para la tarea”.
En
relación al Foro de Seguridad, el Centro de Comercio menciona que “ni el
Ejecutivo ni el HCD integran orgánicamente el Foro de Seguridad como obliga la
“Ley de Foros”.
Y
plantean como preocupante que “no se informa a la Policía” del otorgamiento de
los beneficios de prisión domiciliaria a personas que estaban detenidas y “tampoco se hace un
seguimiento y control de los mismos”.
El
comunicado completo es el siguiente:
"Una de las mayores preocupaciones de
esta Entidad desde hace ya muchos años es la inseguridad que asola a nuestro
Partido y que erosiona sistemáticamente nuestra calidad de vida como comunidad
organizada. Así como esta problemática
responde a varias causas, su combate también debe ser enfrentado desde varios
frentes.
La seguridad de una localidad está
conformada por una combinación de organismos, factores y actores que, de actuar
de manera coordinada y conjunta conllevan a que el resultado sea por lo menos
satisfactorio.
Si alguno/s de estos estamentos no
funciona/n correctamente, inevitablemente el resultado no cubre las
expectativas para lo que fueron creados.
Sabemos que en el combate de la
inseguridad deben fijarse políticas educativas, preventivas, de contención e
inclusión social y laboral, disuasivas, legales y por último represivas y
penales.
Es por ello que deseamos poner en
conocimiento de la ciudadanía un pormenorizado informe de la real situación de la
seguridad en San Pedro.
Algunos de los organismos que
intervienen en esta problemática son:
FORO DE SEGURIDAD: Creado por el
gobierno provincial para ser un nexo entre la población y los funcionarios
policiales y judiciales, por ley es “ad honorem” y debe estar constituido por
instituciones intermedias, personas físicas y el Ejecutivo Municipal y el
Concejo Deliberante.
En la actualidad funciona en el Centro de Comercio integrado por muy
pocas entidades y algunas personas físicas.
SERVICIO LOCAL DE PROTECCION DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTES: Debe cumplir con funciones análogas a las que
tenían los jueces de minoridad. No cumple su tarea correctamente; no está
habilitado el teléfono de guardia para atender casos en horas de la noche o
días feriados; no dispone de medios de movilidad para desplazarse hasta el
lugar que le sea requerido; no concurre a las escuelas en muchos casos en que
es requerida y necesaria su presencia.
UNIDAD CENTRAL DE FORTALECIMIENTO
FAMILIAR (U.C.E.F.F.): Se debe ocupar de la conflictividad familiar y violencia
de género; debe trabajar coordinadamente con las fiscalías y realizar la
contención, asesoramiento y seguimiento de los casos y de quienes los padecen.
No cumple su labor en su totalidad;
no cuentan con un lugar para alojar a las víctimas; no dispone de servicio de
guardia y no funciona coordinadamente con el Servicio Local, cuando es patente
que en la gran mayoría de los problemas de minoridad hay detrás un conflicto
familiar.
CENTRO DE PREVENCION DE LAS
ADICCIONES: Debe trabajar en conjunto con el Servicio Local y la UCEFF para
contener al adicto y su familia. No dispone de operador de calle ni médico
asignado. Cabe recordar que una buena parte del dinero que recauda el Registro
de Expendio de Bebidas Alcohólicas (R.E.B.A.) a través de las licencias que
otorga y cobra a los comercios para su comercialización debe, por ley,
destinarse a los respectivos Municipios para tareas de prevención de este
flagelo.
POLICIA PREVENTIVA: De los
aproximadamente 120 efectivos asignados para todo el Partido, incluidas las
Delegaciones, un 30% está con licencias médicas, francos, vacaciones etc. El
70% que está en funciones se divide en tercios durante el día, por lo tanto se
cuenta con menos de 30 efectivos por turno para todo el Partido.
No cuenta con los móviles,
combustible y mantenimiento necesarios.
Los edificios de la Comisaría y
Destacamentos están en un estado deplorables.
Aún así, la única Comisaría del Dpto.
Judicial San Nicolás con calabozos aptos es la de San Pedro, con capacidad para
no más de 4 detenidos.
Si se detiene a una mujer, la
situación se complica aún más porque por razones obvias hay que destinarle un
lugar exclusivo.
Todo lo anterior acarrea que, al ser
habitualmente la cantidad de detenidos mayor a la capacidad edilicia para
contenerlos, ya que no siempre se trata de hechos delictivos sino también de
contravenciones, el personal policial a cargo debe realizar artilugios
burocráticos para evitar ser sancionado.
Cuando no hay lugar, los aprehendidos
son derivados a otras localidades lo que implica destinar vehículos y personal,
en desmedro de capacidad operacional de la dotación disponible.
Idéntico panorama ocurre con los
traslados para cumplir con los tiempos procesales a distintos lugares de la
provincia.
POLICIA CIENTIFICA: Imprescindible
para la investigación de la escena del delito, para levantar muestras y pruebas
que sirvan luego a la Justicia.
No tiene lugar fijo, funciona en un
container en el predio de un depósito de bebidas gaseosas; no disponen de
medios, elementos ni laboratorio, las muestras se derivan a San Nicolás o La
Plata según la complejidad; tampoco tiene un sistema de correo para su envío.
POLICIA DE NARCOTRAFICO: A pesar del
inmensa gravedad que implica este delito, hay un solo efectivo asignado a San
Pedro – Baradero; si consideramos que una sola causa insume no menos de 6 meses
de investigaciones, grabaciones, filmaciones etc., cada uno puede sacar sus
propias conclusiones.
POLICIA RURAL: Cuenta con un solo
móvil y aproximadamente 10 efectivos para las 130mil has. y 1.700km de red vial
del Partido.
COMISARIA DE LA MUJER: No existe,
solo hay una oficina aún en formación, dentro de la comisaría local;
consecuentemente no satisface la necesaria reserva que este tipo de casos
traumáticos y sensibles requieren, toda vez que muchas víctimas debe superar
barreras psicológicas hasta animarse a efectuar la denuncia.
No es adecuada la infraestructura y
se carece de recursos humanos y materiales.
En definitiva en lo que incumbe al
ámbito policial se cumple con las exigencias burocráticas de que existan las
divisiones correspondientes, pero en la práctica es imposible un accionar
eficaz y permanente producto de la falta de infraestructura edilicia y de
recursos humanos y materiales frente a una delincuencia que no para de crecer.
SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIAS: A
pesar de las reiteradas promesas, el “famoso 911” nunca se implementó, solo
está disponible el 101 o las líneas fijas de la comisaría y destacamentos,
susceptibles de ser bloqueados.
FISCALIAS: Existen dos fiscalías que
funcionan en un mismo lugar sin las medidas de seguridad necesarias para
garantizar el resguardo de documentación y elementos probatorios; no disponen
de personal suficiente y debidamente capacitado para la tarea; no tienen un sistema
organizado para el envío de muestras en causas complejas que requieren su
remisión a La Plata, el traslado lo hacen los propios fiscales o por la buena
voluntad de algún funcionario; no siempre cuentan con un médico policial
disponible, el que está asignado se encarga de autopsias, toma de muestras en
cadáveres, examinar víctimas de violaciones y violencia física en gral.
No se cuenta con un registro de
huellas dactilares, el pedido de antecedentes de un detenido puede demorar
hasta 72hs, cuando el plazo legal para mantenerlo en esa condición es de solo
24hs.
Por otra parte, los jueces de
garantías utilizan criterios dispares para la emisión de órdenes de detención
y/o allanamientos, y lo mismo ocurre respecto de la forma de involucrar a un
detenido con otras causas en las que participó para que la detención sea
efectiva.
JUSTICIA: ARRESTO DOMICILIARIO –
LIBERTAD CONDICIONAL: No se informa a la Policía del otorgamiento de estos
beneficios a personas que estaban detenidas; tampoco se hace un seguimiento y control
de los mismos.
PATRONATO DE LIBERADOS: Solo dispone
de un funcionario a cargo.
GOBIERNO MUNICIPAL (EJECUTIVO Y
H.C.D.): A pesar de ser el tema que más preocupa a la ciudadanía, no existe un
plan de seguridad integral; nunca se creó una dependencia que se ocupe
específicamente de la problemática; las patrullas de inspectores municipales
son insuficientes e ineficientes para las tareas de control y prevención de
hechos de inseguridad vial o delictiva en la vía pública; el centro de
monitoreo de cámaras de seguridad no cuenta con personal suficiente ni
debidamente capacitado, de las pocas cámaras instaladas no todas funcionan por
lo que muy poco aportan como elemento disuasivo y/o probatorio de la comisión
de delitos.
Ni el Ejecutivo ni el H.C.D. integran
orgánicamente el Foro de Seguridad como obliga la “Ley de Foros”.
A todo esto se le suman otros
factores muy importantes que al no funcionar correctamente contribuyen a este
cuadro de situación y que involucran también al sistema educativo para prevenir
la deserción escolar, la recuperación de los “chicos de la calle” y la posibilidad de facilitar una salida
laboral como modo de reinserción social.
La mayoría de los organismos y entes
citados en este informe dependen de los gobiernos nacional, provincial y
municipal, quienes tienen la obligación de dotarlos de los recursos necesarios
y hacer que funcionen eficazmente; es su deber como gobernantes y es el nuestro
exigirlo, es por ello que el objetivo del presente es que la ciudadanía tome
conciencia de que si bien todos, por acción o por omisión, tenemos algún grado
de culpa en lo que nos está pasando, los principales responsables, los
artífices de este desmadre y también los que tienen el poder y los medios para
revertirlo tienen nombre y apellido: son
los quienes integran el poder político en todos sus estamentos".
