La Kultural y Nuevo Encuentro dieron a conocer un comunicado en el
que expresan su posición con respecto al 30º aniversario del retorno de la
Democracia.
Este es el texto:
“Hoy se cumplen 30 años del
retorno a la democracia en nuestro país. Se hacía realidad el fin de la larga noche que significaron las
interrupciones del orden democrático a manos de oscuras dictaduras. La marca
en el calendario nos obliga a ensayar
una especie de balance, arbitrario desde ya, de lo que fueron estos años de
reconstrucción democrática en nuestro país.
En diciembre de 1983 asumía
el primer gobierno democrático desde el golpe de Estado comandado por Videla en
el año 1976. Con sus pros y sus contras, aquella primera experiencia del
radicalismo fue de sustancial importancia en la consolidación de ciertas
cuestiones que hoy calan hondo en la realidad democrática de nuestro país. Con
una consistencia ostensiblemente endeble pero con el apoyo de la efervescencia
popular producto del retorno democrático, el gobierno radical intentó encarar un juzgamiento de los
responsables del genocidio a través del “Juicio a las Juntas”, la conformación
de la CONADEP y el Nunca Más como corolario de estas políticas de memoria que
apuntaban hacia un horizonte de justicia y de castigo para los culpables. No
podemos dejar de mencionar que la debilidad propia del nuevo gobierno y, sobre todo, la amenaza permanente de un
nuevo golpe de Estado, hicieron que la discusión se planteara, erróneamente,
desde la “teoría de los dos demonios” (bastará con leer el prólogo de Sábato al
Nunca Mas) cometiendo el error de poner al mismo nivel los crímenes cometidos
por civiles y por los militares al mando del Estado (supuesto garante de los
derechos civiles). Digamos que esta tensión no le quita mérito al esfuerzo de
la clase política y la sociedad civil de revisar su pasado y de consolidar una
democracia sobre bases algo más sólidas. Los fantasmas del levantamiento Carapintada
y las felices pascuas terminaron por herir parte de lo conseguido dado que la
extorsión resultó en las leyes de obediencia debida y punto final que exoneraban
a gran parte de los responsables de la masacre. La historia es conocida, un
golpe de mercado, hiperinflación, ola de saqueos y el descontrol reinante
hicieron que el primer presidente electo desde el retorno de la democracia
entregara con anticipación su mandato al presidente electo Carlos Menem.
Con la llegada de Menem,
llegó de la mano el recetario ortodoxo y neoliberal que terminó por hambrear a
nuestro país. Con un discurso vacío de contenido, pobre y chabacán se conquistó
a ciertos sectores de la opinión pública que vivieron los beneficios de corto
plazo que significaron el remate de los principales activos del Estado, pero
sin advertir que tamañas decisiones no hacían otra cosa que ir en detrimento de
los intereses populares y a favor del capital financiero que llego, vía
consenso de Washington, para quedarse por estas pampas.
La reacción popular no se
hizo esperar, los obreros mejores pagos del país, empleados y ex-empleados de
la rematada YPF comenzaron sus reclamos a la vera de la ruta con los primeros
piquetes y puebladas en Cutral-Có, Plaza Huincul y Mosconi. Casi como
anticipando una forma de resistencia ante la desidia generalizada y al despojo
al que estaba siendo sometida gran parte de la sociedad. Ya vimos como aquella
segunda mitad de la década del 90´ presuponía el estallido social que se hizo
carne en aquellas jornadas del 2001 en que el pueblo salió a las calles harto
de una representación endeble y poco comprometida con el sentir popular.
La experiencia Aliancista
vino a continuar la debacle menemista y a querer mantener a sangre y fuego
políticas y decisiones contrarias a la voluntad popular.
El estallido no se hizo esperar, la dignidad siempre se impone, la sociedad en
pleno, junto a organizaciones de todo tipo, entre ellas las Madres y las
Abuelas de Plaza de Mayo, fueron a reclamar el espacio que les pertenece por
vocación histórica y dignidad, al igual que el resto de la sociedad civil
recibió palos y balas, el saldo: el fin del mandato de la Alianza y la
lamentable cifra de 33 muertes por las que nadie se responsabilizó.
La recomposición del
sistema democrático, dañado profundamente tras los eventos de 2001, no se
consolidó desde una alternativa popular que fuera resultado del famoso “Que se
vayan todos”, por el contrario, fue el propio PJ encabezado por Duahlde quien
se presentó como garante de un statuquo que, a la vista de cualquier chicato,
era endeble: precarización laboral, desempleo, hambre, represión de la protesta
social, endeudamiento insostenible, cierre de fabricas, fin de la
representación política. El fin del interinato duahaldista se produjo aquel 26
de junio tras la bochornosa masacre del puente Pueyrredon cuando la policía, al
mando del comisario Franchiotti, mató a sangre fría a Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán.
Desde el 2003 a la fecha el
país ha vivido un proceso de relativa paz social y de indudable reconstrucción
de los canales democráticos de resolución de conflictos. El Estado ha tomado su
rol protagónico en lo que respecta a las decisiones de índole política,
económico y social. Recuperó para sí ciertas herramientas que habían sido
entregadas entre las que podemos nombrar la recuperación de los fondos de
previsión que permitió consolidar la Asignación Universal por Hijo y la
actualización de las jubilaciones de forma periódica, se consolidó un proceso
de desendeudamiento con los organismos de crédito internacionales que permitió
recuperar cierta soberanía a la hora de tomar decisiones, se recuperó la
mayoría accionaria de YPF y se consolidó una política de Memoria que hizo que
las banderas de “memoria, verdad y justicia” se hicieran más consistentes. Las
deudas son por demás importantes, el discurso de no represión de la protesta
social es una bandera para el Kirchnerismo, pero ya tenemos sobrados ejemplos
de policías provinciales que se cagaron en esa decisión del estado Nacional,
por nombrar algunas: El caso Fuentealba, la desaparición de Jorge Julio López y
Luciano Arruga. Todos casos que desnudaron resabios de prácticas
antidemocráticas que lamentablemente aún son realidad en Argentina.
Sabemos que el mayor mérito
de la democracia es su existencia, pero ello no garantiza que con ella se coma,
se cure y se eduque, hay que arroparla a diario, darle sentido y dotarla de
herramientas para que la resolución de los conflictos encuentre su caudal
democrático. En la última década hemos entendido que la Democracia es
conflicto, y no renegamos de eso, sabemos que hay fuerzas que a diario atentan
contra su salud, la sociedad debe estar lo suficientemente madura para no
confundirse y garantizar el orden democrático a como de lugar.
Creemos que los sucesos que
están ocurriendo en algunas provincias son de una irresponsabilidad asombrosa y
que atentan directamente contra las bases de una democracia joven y en
constante consolidación. Qué quede claro, acá no discutimos el derecho de las
fuerzas a reclamar por lo que se crea justo en términos salariales y laborales,
lo que no aceptamos es la extorsión. Estos
hechos no hacen más que desnudar el fracaso que significa no poder haber
terminado con el autogobierno de estas camarillas que, en gran proporción, son
garantes del delito, el narcotráfico y el caos social. Estas actitudes
extorsivas e ilegales no pueden permitirse bajo el Estado de Derecho, haríamos
bien en recordar aquel discurso de Esteban Righi el 4 de junio de 1973 a la
policía federal en el que, como Ministro del Interior de Cámpora, les decía a
las fuerzas que el pueblo ya no era el enemigo sino el gran protagonista (http://reportaje-hector.blogspot.com.ar/2011/12/la-primavera-camporista-discurso-del.html)
(http://www.radionacional.gob.ar/entrevistas/51421-se-cumplen-40-anos-del-discurso-de-esteban-righi-frente-a-la-policia-federal.html).
El Kirchnerismo tiene la obligación, por estatura política, de crear las
condiciones para terminar con el autogobierno de las policías y virar hacia la
consolidación del control político sobre las fuerzas policiales.
Sabemos que las nuevas
formas de desestabilización no provienen a través de los tradicionales golpes
de Estado, la nueva realidad indica que las desestabilizaciones se provocan a
través de golpes suaves que arraigan en una variedad de arremetidas
financieras, mediáticas y de las fuerzas de seguridad, bastará con recordar las
tensiones vividas en Ecuador hace un par de años a partir del auto
acuartelamiento de la policía que tenía como intención final desoír el mandato
popular y dejar fuera de juego a Rafael Correa.
Apelamos, con preocupación, a la responsabilidad
de las fuerzas de seguridad, a las fuerzas políticas y a la sociedad en su
conjunto para no ser presa fácil de ciertos factores de poder que nada piensan
en los intereses populares, sino más bien en su propio interés. La solución a
las tensiones no pueden resolverse de manera violenta, la policía no puede,
bajo ningún punto de vista, dejar sin protección a la sociedad civil. Ésta es
una extorsión ante la que no cederemos y mucho menos, a 30 años de la
recuperación democrática”.
