El diputado provincial del
Frente Renovador Daniel Monfasani presentó ante la Justicia una acción de
amparo ambiental contra la Municipalidad de Baradero, para que remedie la
situación crítica que presenta un basural a cielo abierto en ese distrito.
Y criticó
en duros términos al gobierno municipal, encabezado por el intendente Aldo
Carossi, y al Poder Ejecutivo provincial, con Daniel Scioli a la cabeza,
sindicándolos como responsables de los daños generados por la contaminación
ambiental, al advertir que para ellos “lo que no representa un negocio, pierde
interés”.
La demanda recayó en el
Tribunal Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, el cual
determinará la responsabilidad del Municipio de Baradero por la inacción,
omisión e incumplimiento de sus obligaciones por el establecimiento del basural
a cielo abierto sobre la banquina de la Ruta Nacional N° 9, en inmediaciones
del kilómetro 147.
La intención es que el juez
competente dé lugar a la medida cautelar solicitada y consecuentemente ordene a
la comuna a cumplimentar con la presentación ante la autoridad ambiental
bonaerense un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de
acuerdo a las exigencias previstas en la Ley Provincial Nº 13.592.
Reparación del daño
Según consta en el texto
judicial, la iniciativa es “a los fines de la reparación inmediata del daño
ambiental ocasionado por el basural en cuestión, y la adopción de las acciones
tendientes a su erradicación y clausura definitiva”.
La acción de amparo también da
cuenta de que el basural “ha operado en franca contravención con toda la
normativa nacional y provincial, generando consecuencias altamente disvaliosas,
tanto para el medio ambiente como para la población de la región”.
“La recolección de basura está a cargo de la
Secretaría de Obras Públicas del municipio, pero no hay tratamiento previo
alguno y, tal como se recogen, son arrojados al basural municipal, que
actualmente, y en el mejor de los casos, serán enterradas para evitar los
incendios”, advierte la presentación.
“Pesa en cabeza del Departamento Ejecutivo de
Baradero la responsabilidad legal de adoptar todas las medidas necesarias
tendientes a erradicar la instalación de su basural a cielo abierto,
responsabilidad que es compartida por el Gobierno provincial, pues constituye
su obligación la de controlar tal incumplimiento y sancionar en consecuencia”,
expuso Monfasani.
Además, planteó que “velar por
la seguridad de sus habitantes es el primer deber que tiene que asumir todo
gobierno, en hora de satisfacer el interés general, y la realidad refleja que
el interés del pueblo de Baradero de encontrar soluciones frente al daño
ambiental que genera el basural instalado a su localidad, hoy se encuentra
postergado ante la inacción” del Poder Ejecutivo.
De progresar el recurso presentado,
la Justicia correrá traslado al municipio implicado para que conteste un
informe detallado de las presuntas irregularidades que giran en torno al
establecimiento del basural a cielo abierto en cuestión, y particularmente
sobre su intención de cumplimentar con la presentación ante el Organismo
Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), cuyo titular es Hugo Bilbao, de una
evaluación del impacto ambiental, así como de un plan de gestión integral de
residuos sólidos urbanos.
Judicialización
Asimismo, el legislador massista
manifestó que “esta situación requiere urgente judicialización, no sólo por la
amenaza que implica para la seguridad de los bonaerenses el daño ambiental que
generan día a día los basurales a cielo abierto, hoy prohibidos por ley, sino
también porque pesan en el caso concreto antecedentes de dos trágicos
accidentes en los que murieron dos personas y participaron 19 vehículos en la
Ruta 9, producto de la quema de residuos”.
Por su parte, el abogado
patrocinante en el amparo presentado, Maximiliano Musotto, explicó que “la
causa es equiparable a la de la limpieza del Riachuelo, en la que el 8 de julio
de 2008 la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo histórico en el que se
determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y las obras
de saneamiento, así como el plazo en que deben ser ejecutadas, dejando abierta
la posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento”.
Cabe reseñar que en la causa
‘Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y otros s/daños y perjuicios
(daños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo)’ se
responsabilizaba por daños y perjuicios al Estado nacional, a la provincia de
Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas privadas.
Posteriormente, la demanda se
amplió hacia los 14 municipios por los que se extiende la cuenca
Matanza-Riachuelo.
“No se pretende ninguna sanción al municipio,
se sigue la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de la Nación con el
ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), en que se dio órdenes precisas
a los intendentes para que saneen la cuenca (Matanza-Riachuelo), y en igual
sentido pretendemos se determine la responsabilidad de la Municipalidad de
Baradero y recaiga en consecuencia una orden de saneamiento del daño ambiental
generado por su negligencia e inacción gubernamental”, justificó Monfasani.
Finalmente, indicó que “las
mismas consideraciones pesan por sobre la gestión del gobierno municipal de San
Pedro, donde la situación ambiental también es crítica, y las mismas
intenciones se persiguen”.
El diputado massista remarcó que “allí también
es necesario contar con un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos
y la erradicación del basural a cielo abierto instalado en la localidad, y de
fracasar los reiterados reclamos en el orden municipal, recurriremos a la
Justicia en el mismo sentido”.
