El diputado bonaerense Guillermo Castello anticipó su intención de derogar artículos de la norma que regula las grandes superficies comerciales para facilitar la llegada de inversiones.
La iniciativa se aprobó en el año 2.000, y fue impulsada por el entonces legislador provincial Germán López, de San Pedro.
Castelló dijo que está “estudiando” el texto de la ley 12573, conocida como “de grandes superficies comerciales” o “de hipermercados”, que considera “sumamente reglamentarista e intervencionista”.
A su entender, “expulsa las inversiones de la provincia y conspira contra la creación de empleo y la defensa de la competencia garantizada por la Constitución Nacional”.
La norma considera “gran superficie comercial” a una empresa cuando tiene más de 500 metros cuadrados en municipios de hasta 50.000 habitantes, de 900 metros cuadrados en distritos de entre 50.000 y 300.000, y de 1.800 metros cuadrados en los que tienen más de 300.000, como General Pueyrredon.
También establece topes de locales que debe tener una cadena de distribución de acuerdo a la población del municipio (en distritos de hasta 150.000 habitantes, un local; en los de hasta 300.000, dos, y en poblaciones de más de 300.000, tres).
La ley impide a las empresas con más del doble de la superficie determinada según la población que se radiquen en zona urbana. Pero exime del cumplimiento de esa regla cuando haya una ordenanza municipal que lo permita. En ese caso, la firma debe reunir una serie de requisitos, como alcanzar un 50% de ventas de productos nacionales y pagarles a los proveedores en un plazo no mayor a 120 días.
Sancionada en diciembre de 2000, cuando el gobernador era Carlos Ruckauf, la normativa también prohibió a los municipios la sanción de ordenanzas de zonificación para la radicación, habilitación, ampliación, división o fusión de estas empresas y el otorgamiento de excepciones, exenciones y beneficios tributarios.
Además, estableció la nulidad de pleno derecho de cualquier ordenanza municipal contraria a la ley, al igual que los permisos derivados, y dio intervención obligada a una universidad nacional para que realice valoraciones “sobre un sinfín de cuestiones, como la composición de los rubros, los efectos sobre los hábitos de consumo y la necesidad de compra, la influencia sobre precios en la zona, las remuneraciones de los empleados y la viabilidad futura de equipamientos”, enumeró Castello. Y recordó que habilita a cámaras empresariales de segundo grado a asesorar sobre el tema.
Según Castello, la ley regula “aspectos típicamente comerciales en los que nada tiene que hacer el Estado estableciendo imposiciones irrazonables”, como “topes de superficie, de locales, política de pago a proveedores y origen de productos a vender”.
A la vez, “obliga al inversor a interactuar con múltiples actores”, como el municipio, la Provincia y una universidad, “no coordinados entre sí, generando incertidumbre jurídica, discrecionalidad y eventualmente corrupción”.
Castello opinó que “se da intervención a universidades nacionales para que formulen valoraciones ajenas al ámbito académico y propiamente comerciales”, tales como la influencia en hábitos de consumo, remuneraciones laborales, composición de rubro, lo que “supedita la suerte de la inversión a una opinión inexperta y muchas veces ideologizada”.
También cuestionó que “se participe de la decisión estatal a la competencia directa del inversor (cámaras empresariales de segundo grado), lo que constituye una prebenda corporativa, viola la igualdad ante la ley y resulta evidentemente absurdo”.
Por otro lado, “vulnera flagrantemente la autonomía municipal, impidiendo que cada municipio decida de acuerdo a sus particularidades la instalación o no de una empresa, la ubicación y el tratamiento tributario, entre otros ítems”, por lo que “genera una gran incertidumbre jurídica por las diferencias entre las distintas ordenanzas municipales en la provincia”.
Derogaría artículos
El legislador adelantó que, a través de un proyecto de ley, buscará “derogar parte del articulado”, y acotó: “La de grandes superficies comerciales es una ley que ha quedado un poco anacrónica. Me parece que los nuevos tiempos exigen nuevas leyes. Estamos estudiándola para ver si podemos derogar algunos artículos que traban y hacen muy difícil la llegada de superficies importantes como los hipermercados”.
Castello reveló sus intenciones luego de que el Ejecutivo bonaerense otorgara la factibilidad para la radicación en Mar del Plata de Easy, un supermercado del holding chileno Cencosud dedicado a la venta de materiales, accesorios, herramientas y servicios para la construcción, decoración, diseño y equipamiento de hogar y jardín.
