Condolencias de Sociedad Rural por la muerte Luciano Miguens, fundador de la Mesa de Enlace

La Sociedad Rural de San Pedro compartió sus condolencias con la familia y amigos de Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.  El dirigente agropecuario y criador de caballos criollos marplatense tenía 85 años. 

Millonario robo de materiales del hotel spa con implicancias políticas

Las autoridades de la empresa “Polo Industrial S.A.”, responsable del proyecto para la construcción del hotel “Azahar spa” espera por los resultados de una causa caratulada como “estafa”, por severas irregularidades y faltante de materiales durante la obra. 
Un informe publicado hoy por "Somos Noticias" permitió conocer detalles del avance de la causa, que podría tener mayores novedades en los próximos días. Sumas millonarias y posibles implicancias políticas asoman de los primeros datos públicos. 
La denuncia fue formulada el 30 de Diciembre de 2014, aunque fechada el 12 de Enero de 2015. La causa, iniciada con la Instrucción Penal Preparatoria 16-01, lleva el número 000115/15. 

En principio, la investigación recayó en la UFI 7, a cargo de la Dra. Gabriela Ates, aunque tras su suspensión fue derivada a la UFI 11, cuya titular es la Dra. Viviana Ramos. 
Los letrados Gustavo Bosco y Carlos Alberto Cruz, en representación de la firma que conduce Carlos Fera, adjuntaron múltiples pruebas a lo largo de los años, en relación a los hechos cometidos en el inmueble ubicado en Máximo Millán y Maestro Reyna. 
En particular, la primera imputación recae sobre los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Oscar Santiago. Antoliche, como Director ejecutivo de la obra, era el encargado de dirigir, coordinar y controlar cada detalle.
Entre otros aspectos, tenía bajo su mando el contralor de la labor de los subcontratistas y la provisión, destino y uso de materiales, máquinas y herramientas.
Tras el abandono de la obra por parte de ambos profesionales, la empresa advierte distintas irregularidades. Entre ellas, la falta de entrega de mercaderías y serias anomalías constructivas.
Por tal motivo, decidieron solicitar pericias e informes técnicos, que confirmaron los llamados “vicios” en el proyecto, la dirección de obra y la construcción. Además de la necesidad de ejecutar doblemente algunos aspectos del proyecto, lo más grave fue el millonario faltante de materiales.
Las primeras pesquisas permitieron determinar diferentes tipos de maniobras defraudatorias, que configuran la carátula inicial de “estafa”. Entre ellas, el uso indebido y desvío de materiales, herramientas y equipos hacia otros destinos, la compra de materiales inadecuados y la comisión de actos fraudulentos en cuanto a la compra y uso de materiales.
La pericia e informe técnico permiten verificar un exceso en la compra y aplicación de diversos materiales, como arena, grava, ladrillos o piedras.
En el caso del hormigón, se llega a niveles insólitos. La pericia, que se realiza contrastando el ingreso de acero para la construcción de varillas, permitió determinar un exceso de 1500 m3 de hormigón, que servirían para construir dos edificios como la “Torre del Sol”, ubicada en Mitre y San Martín. A un costo estimado actual de 3.000 pesos el metro cúbico, el defalco o robo sería de 4,5 millones de pesos.
Una situación similar se produjo con la tosca. En este caso, no se sabe el destino de 6 mil metros cúbicos de ese material, con un valor aproximado actual de 6 millones de pesos.
A todo esto debe sumarse que las deficiencias en la construcción, por la colocación de materiales que debieron cambiarse o aspectos de la obra que tuvieron que modificarse, suman alrededor de 24 millones de pesos.
Desde “Polo Industrial”, se solicitaron reiteradamente indagatorias a los presuntos implicados, no solo en el control y manejo de la obra, sino también en quienes podrían ser destinatarios de los materiales sustraídos.
Testimonios aportados a la causa dan indicios del posible desvío de esos materiales a obra pública o hasta proyectos individuales dentro del partido de San Pedro.
Por tal motivo, los abogados de la empresa que pertenece al grupo Maxiconsumo pretenden que se considere a los implicados dentro de una asociación ilícita, cuyos alcances aún no trascendieron públicamente.