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| Registro automotor de Catamarca |
La Justicia catamarqueña investiga una maniobra irregular sobre tres máquinas registradas con un mismo título de un solo vehículo. El hecho está indirectamente vinculado con San Pedro, ya que un vehículo radicado en nuestra ciudad fue utilizado para la comisión de la estafa.
El diario "El Ancasti" informó que tres máquinas se habrían registrado utilizado un mismo título original con serie 2282449, que corresponde al dominio ART 05 y sobre ese mismo formato se falsificaron títulos para otro tipo de maquinaria.
Uno de los casos es el de una cargadora, que consigna el dominio ASI 48, que también sería apócrifo, ya que tampoco estaría registrado en Catamarca, y cuyos datos corresponderían a un vehículo radicado en San Pedro, provincia de Buenos Aires.
La denuncia presentada por un empleado vial podría desentramar una maniobra millonaria con fondos del Estado catamarqueño.
La maniobra se habría iniciado con un título original de una cargadora, cuya documentación fue copiada sobre la documentación original impresa, donde consta el número de serie, en este caso “2282449”. De allí en más todos los datos consignados en forma manual fueron adulterados, otorgando números de dominio falsos, que corresponden a otra maquinaria que ni siquiera se encuentra en la provincia.
Cada una de las pruebas presentadas cuenta con diferentes características de vehículos, chasis y otros datos esenciales, que en todos los casos serían falsificados, con firma y sello del titular del Registro (que constaría en la denuncia realizada como apócrifo), ya que no se encuentran en la base de datos locales.
Con esta falsa documentación se habrían realizado varias contrataciones de maquinarias realizadas por la Administración de Vialidad Provincial, por varias horas de trabajo y bajo millonarias sumas de dinero, que según las denuncias se cobraron, en algunos casos hasta con un año posterior a la fecha de contratación y supuesta prestación del servicio, que en la mayor parte de los casos se habría realizado en lugares distantes del interior de la provincia.
La denuncia
El portal "Arriba Catamarca" confirmó que la titular del Registro Nacional del Automotor N°1, Rosario Andrada, hizo una presentación ante la Fiscalía General de la provincia, a cargo de María del Milagro Vega, en la que solicitó se investigue la posible comisión de delito en el marco de las irregularidades denunciadas, además de la falsificación de documentación pública y de firmas, según indicaron fuentes judiciales consultadas.
El Registro del Automotor N°1 tiene competencia en el Registro de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial (MAVI), donde se asientan todos los vehículos comprendidos por maquinaria pesada destinada a las diferentes actividades que se desarrollan en la jurisdicción provincial.
No solo se trataría de adulteración de documentos sobre el dominio de los vehículos, sino de una maniobra de falsificación de documentos públicos y la falsificación de firma de funcionarios públicos.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública ya comenzó a investigar la situación a raíz de la denuncia efectuada por un trabajador del organismo por contrataciones realizadas a favor de empresas locales sobre vehículos destinados a la ejecución de obras viales, cuyos casos presentaban documentación hasta triplicada. Como primera medida secuestró el expediente relacionado con las supuestas irregularidades. La presentación de ayer también ya fue remitida a esa unidad.
Jorge Omar Ovejero, el empleado que se desempeñaba como encargado del registro de proveedores en la administración vial, fue quien realizó la denuncia inicial en 2016, presentando documentación que avala sus dichos y que ahora volvieron a cobrar fuerza.
Ahora la Justicia tiene en sus manos otra herramienta que apunta a la posibilidad de una asociación ilícita en perjuicio de la administración pública provincial, ya que se trata de maquinaria inexistente –al menos en lo legal- que realizó obras públicas, por las cuales Vialidad pagó abultadas sumas de dinero.
La situación involucraría no solo a empresarios, sino también a funcionarios provinciales. E incluso podría llevar a que se revisen todos los contratos realizados por el organismo.
