Vecinos de Pueblo Doyle mantuvieron anoche una reunión con el delegado Luis Caramún.
Hicieron entrega de un petitorio con cientos de firmas, en el que le reclaman al Intendente Cecilio Salazar que deje sin efecto el traspaso del servicio de provisión de agua potable a la Cooperativa de Santa Lucía.
También rechazan la instalación de medidores domiciliarios, y plantean que desean continuar con el actual sistema de gestión municipal.
Caramún indicó esta mañana a "Equipo de Radio" que el interés, a la hora de plantear el proyecto, era mejorar la prestación del servicio. "Pensamos que no era el mejor, pero ayer nos dijeron que están conformes, y que no quieren que se tercerice, así que vamos a entregar ese petitorio al Intendente" expresó.
Si bien anticipó que "se realizarán las evaluaciones correspondientes" recordó que "el personal de mantenimiento nos informaba sobre algunas dificultades, como cuando se producían cortes de suministro los fines de semana y no podían solucionarse porque no estaba la estructura para hacerlo".
Caramún reconoció que "la principal preocupación de los vecinos es que, en este momento económico, se hace complicado afrontar el pago del servicio (en Santa Lucía es de aproximadamente 600 pesos), cuando ahora está integrado a la tasa de Servicios Sanitarios".
Además, confirmó que el nivel de cobrabilidad de esa tasa es muy bajo. "En Doyle hay un problema de estructura administrativa, muchas casas sin escrituras. Hay que hacer un relevamiento en el lugar, porque hay muchas situaciones irregulares, que se iniciaron en donaciones y nunca se trabajó en ponerla en orden".
El petitorio Este es el texto del petitorio dirigido al Intendente:
"Por medio de la presente, los vecinos de Pueblo Doyle abajo firmantes expresamos nuestra disconformidad con la propuesta de traspaso del servicio de provisión de agua potable de Pueblo Doyle a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Lucía o a cualquier otra cooperativa o empresa privada, así como con la instalación de medidores en nuestros hogares, y hacemos manifiesto nuestro deseo de permanecer en el actual sistema de gestión municipal.
Consideramos que el acceso al agua potable es un derecho humano esencial y un bien público reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que la privatización del servicio de agua potable y la instalación de medidores en los hogares atenta contra este derecho.
Además, en la actual situación económica, son muchos los vecinos del pueblo que no tienen la posibilidad de afrontar el pago del agua medida y que verían interrumpido o, en el mejor de los casos, reducido al mínimo el servicio.
Por otra parte, pensamos que el servicio actual de provisión de agua potable no es deficiente, si bien puede mejorarse dentro de la misma gestión municipal, y rechazamos el argumento de que una privatización representaría una mejora del servicio.
Por eso, pedimos a la municipalidad que los ingresos obtenidos mediante el cobro del servicio se inviertan en el mantenimiento y el mejoramiento de la red de agua potable del pueblo".
