El fiscal que investiga los supuestos abusos sexuales cometidos por el sacerdote Tulio Matiussi y otras dos personas a niños de un jardín de infantes ya hizo el requerimiento de juicio oral.
El titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, pidió la elevación a juicio de la causa por "abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores" contra Matiussi (46) y otras dos personas acusadas de haber agredido sexualmente a cinco niños de entre tres y cuatro años –cuatro nenas y un nene- en el Jardín Belén, donde el cura se desempeñaba como representante legal.
El portero Anselmo Ojeda (58) y la preceptora María Lujan Rubies (51) están imputados de igual delito: en el caso del sacerdote resulta agravado "por ser ministro de culto y encargado de la guarda de la víctimas"; mientras que para los otros dos acusados resulta agravado por este último motivo.
"Es la primera vez que nos toca intervenir en un caso como éste, con sacerdotes y menores involucrados", dijo a la agencia Télam la fiscal general de San Nicolás Sandra Bicetti.
La funcionaria aclaró que no sufrieron "presión ni a favor ni en contra" en el Ministerio Público Fiscal, cuya principal meta es "saber lo que pasó".
En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Granda plantea que está acreditado con el nivel de certeza requerido para esta etapa procesal que "durante el curso lectivo 2017", los imputados sometieron a los niños a "tocamientos" de sus zonas genitales en horario de clases, delito que los imputados cometían tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
En su escrito, Granda señaló que los hechos ocurrieron "en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y SUM, y en la iglesia San Roque contigua al jardín, donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote".
"Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores", afirmó el fiscal.
Es que en las testimoniales de padres y cuidadores, de las entrevistas bajo la modalidad cámara Gesell y de las pericias psicológicas surge que los niños experimentaban numerosos síntomas de este tipo de agresiones, entre ellos enuresis, terrores nocturnos, ataques de llanto, referencias a juegos que involucraban genitales, rechazo repentino al jardín o a sus agresores, irritación genital, dibujos de personas con sus órganos reproductores destacados, entre otros.
No obstante, Granda terminó pidiendo que los tres sean juzgados por el más leve de los delitos contra la integridad sexual –abuso simple- y no por violación –"abuso sexual con acceso carnal"-, que fue la calificación inicial del hecho en virtud del cual fueron indagados.
Carla, madre de una de las niñas abusadas y denunciante en la causa aseguró a Télam que "se trata de una buena noticia" para las familias "en días de basta de violencia y ni un abuso más", pero pidió mayor "compromiso social" de la comunidad y "que todo aquel que sepa algo o pueda colaborar, lo haga".
"Para nosotros es un camino super doloroso, triste y angustiante, pero seguimos adelante y dejamos la vida porque le prometimos a nuestros hijos luchar hasta las últimas consecuencias no sólo por ellos, sino por todos para que esto no vuelva a pasar", dijo.
No obstante, aseguró que los padres están "sorprendidos porque se bajó la calificación legal" de los hechos, en relación al comienzo de la instrucción.
"No sólo fueron tocamientos, sino que sufrieron hechos más graves que implican calificación más elevada, por eso están preso el portero", dijo.
"Pero creemos que esto se va a revertir en el juicio oral porque las pruebas son contundentes y los niños pudieron decirlo de todas las formas posibles. Vamos a luchar para que su palabra y su verdad llegue hasta lo más alto", agregó.
Ana Clara, la madre de otra víctima, aseguró que la expectativa "es tener un juicio justo y honesto, porque los abusos existieron" y si el tribunal procede correctamente "tendrían que terminar los tres presos por muchos años".
"Mi hija hoy tiene seis años, esto ocurrió hace tres, cuando empezó el jardín y tuvo muchísimos síntomas y muy importantes; hoy está bien, haciendo terapia, pero va a ser una sanación continua y constante a lo largo de su vida", contó.
Ana contó que su hija recién "hace un año empezó a disfrutar de su niñez", si bien "tiene presente que le hicieron cosas malas en el jardín Belén y se acuerda de todo", aunque casi no habla del tema.
Ambas coincidieron en que, más allá de las cinco familias denunciantes, "hay muchísimos nenes más", víctimas que "aún no se animan a denunciar" por "el peso de la iglesia católica".
Tras haber permanecido cinco meses detenido, el sacerdote espera el juicio en libertad desde mayo de 2019, mientras que el portero cumple prisión preventiva domiciliaria y la preceptora "nunca estuvo detenida", según fuentes de la investigación.
Hace un año, el obispado de San Nicolás emitió un comunicado informando que el presbítero seguiría suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal "hasta tanto concluyan las investigaciones penales en el fuero secular-estatal canónico".
