El juez de garantías Nº1 de San Nicolás, Román Parodi, elevó a juicio la causa por “abuso sexual agravado” contra cinco niñas y niños que concurrían al Jardín de Infantes "Belén".
Los imputados son el sacerdote Tulio Alejandro Matiussi, de 46 años, el portero Anselmo Ojeda (58) y la preceptora María Luján Rubies (51).
El magistrado denegó el sobreseimiento y cambio de calificación legal formulada por la defensa y elevó el expediente a juicio con la misma carátula de abuso sexual agravado solicitada oportunamente por el fiscal.
Concretamente tales abusos, según la resolución, consistieron en "tocamientos", "que se desarrollaban dentro del horario en que los niños concurrían al jardín, es decir entre las 8.00 a 12.00 los del turno mañana y de 13.00 a 17.00 los del turno tarde, los que se realizaban de forma colectiva por parte de los imputados y/o en forma individual por parte de ellos".
Tales actos ocurrían, según se expresa, "en la sede del Jardín Belén, específicamente en la sala y en la zona de baños y en las partes comunes como ser cocina, patio y sum y en la iglesia San Roque contiguo al jardín donde el señor Mattiussi oficiaba como sacerdote".
“La elevación a juicio es trascendental porque permite avanzar a la etapa de juzgamiento, denegando el
Así lo decidió por “encontrarse justificada la existencia” de estos delitos y “por existir elementos de convicción suficientes e indicios vehementes para sostener que son probable autores penalmente responsables” de éstos.
En el caso de Matiussi, el agravante corresponde a su calidad de “ministro de culto”, mientras que en los otros dos imputados obedece a “su calidad de guardadores” de los niños y niñas que tenían entre tres y cuatro años al momento de los hechos, en 2007.
Esta resolución “seguramente será apelada por la defensa” ante la cámara de Apelación y Garantías del departamento judicial de San Nicolás, y la causa iniciará allí otro recorrido que, en caso de dejar firme la decisión del juez Parodi, sentaría a los tres imputados en el banquillo “recién dentro de un año, por lo menos”, según fuentes del caso.
“La elevación a juicio es trascendental porque permite avanzar a la etapa de juzgamiento, denegando el sobreseimiento solicitado por la defensa, que hubiera significado el cierre de la causa”, dijo el abogado querellante Ariel Fusco.
El letrado consideró que el avance “es muy importante para mis representados” que además del daño ocasionado a sus hijos “han sufrido el descrédito de la comunidad en general” por mantenerse firmes en la denuncia, pero también para “la lucha contra estos delitos” a nivel internacional, que involucran “abuso eclesiástico”.
“En los delitos sexuales contra menores se da la particularidad de que no hay testigos y tampoco tienen facilidad para expresarse porque son muy chicos; entonces, los medios de prueba son otros; no es sencillo producirla y se necesita una lupa más fina (de jueces y fiscales)” para valorarla, dijo.
En junio pasado, el titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, pidió la elevación a juicio por considerar acreditado que "durante el curso lectivo 2017", los imputados sometieron a los niños a "tocamientos" de sus zonas genitales en horario de clases, delito que cometían tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
"Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores", afirmó el fiscal.
No obstante, Granda terminó pidiendo que los tres sean juzgados por el más leve de los delitos contra la integridad sexual -abuso simple- y no por violación -"abuso sexual con acceso carnal"-, que fue la calificación inicial del hecho.
"No solo fueron tocamientos, sino que sufrieron hechos más graves", dijo en ese momento la madre de una de las niñas abusadas y denunciante en la causa.
"Pero creemos que esto se va a revertir en el juicio oral porque las pruebas son contundentes y los niños pudieron decirlo de todas las formas posibles", agregó.
Tras haber permanecido cinco meses detenido, el sacerdote espera el juicio en libertad desde mayo de 2019, mientras que el portero cumple prisión preventiva domiciliaria y la preceptora "nunca estuvo detenida", según fuentes de la investigación.
