El Ministerio de Trabajo notificó a la Asociación Judicial Bonaerense la postergación de la reunión paritaria convocada para el día de la fecha, fijando nueva fecha para el próximo martes en horas del mediodía.
"La suspensión de la mesa salarial se produce en un contexto de máxima incertidumbre por la demora en la actualización de los salarios de las y los trabajadores judiciales, y en una semana en la que el Ejecutivo provincial mantuvo reuniones y realizó propuestas salariales a los gremios de la administración pública y del sector docente" expresaron desde el sindicato.
"Tal como fuera anticipado luego de la ausencia de una propuesta de recomposición salarial en la reunión del viernes pasado, y en línea con el mandato de las asambleas departamentales, la AJB resolvió decretar un paro total de actividades para el próximo lunes 5 de octubre en todas las dependencias judiciales de la provincia" expresaron.
"“Llegamos a esta medida de fuerza por la falta de decisión del Ejecutivo provincial de abrir la negociación para la recomposición de nuestros salarios. Desde el mes de mayo venimos reclamando una oferta salarial concreta que garantice que no sigamos perdiendo la carrera contra la inflación, y esta nueva postergación exige reforzar el reclamo construyendo un paro masivo de actividades para que el gobierno entienda que la situación exige una respuesta urgente”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
En función de las modalidades de trabajo impuestas durante la pandemia, la medida de fuerza implica la no concurrencia a los lugares de trabajo para quienes están realizando tareas de manera presencial y apagón informático durante toda la jornada del lunes para quienes están realizando trabajo remoto.
La AJB reclama que se garantice un aumento salarial superior o igual a la inflación para 2020, avanzar en un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años 2018 y 2019 y la liquidación al 3% de los años de antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje (1996-2005).
Asimismo, plantea la necesidad de darle continuidad a las mesas técnicas para la sanción del proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial; el abordaje de la crisis de infraestructura edilicia; el nombramiento de personal, y la devolución de los descuentos por los paros realizados en 2018 y 2019.
También el gremio judicial planteó al gobierno la incorporación a planta permanente de las y los trabajadores que actualmente realizan esa tarea contratados por las empresas tercerizadas de limpieza y la creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el COVID-19 (instalación de barreras fijas de protección en todos los espacios de atención al público, solución de los problemas en la provisión de equipamiento de protección personal y en el servicio de limpieza).
