La entidad que preside Raúl Cheyllada consideró que se trata de "un acto coercitivo" y sostiene que "éste accionar sindical atenta contra el desarrollo comercial e industrial y amenaza la subsistencia de las empresas, poniendo en riesgo la continuidad laboral de los trabajadores al valerse de formas de reclamo intimidatorias, sin permitir un diálogo franco y constructivo que ayude al encuentro de soluciones".
Este viernes, representantes de la delegación San Nicolás, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, se presentaron en la empresa para realizar una asamblea, en reclamo por lo que consideran diversas irregularidades. En declaraciones radiales, sostuvieron, entre otras cosas, que los vehículos de transporte no reúnen todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores, y que no cuentan con baños suficientes para todo el personal.
La empresa sostuvo que no fueron notificados de la acción gremial y que el origen del reclamo es la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, desconociendo que se trataba de un delegado gremial.
La situación tendrá ahora una continuidad en el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía 7, a cargo de la Dra. María del Valle Viviani, que recibió una denuncia por extorsión contra los dirigentes gremiales.
