Más de veinte asambleas y organizaciones de la provincia de Buenos Aires redactaron un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde exigen la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”.
La nota, firmada entre otros colectivos por la Red Local de Estudios Agroecológicos Baradero San Pedro, hace referencia a la normativa que autoriza la fumigación de cultivos en todo el territorio bonaerense.
Piden entre otras cosas, instrumentar “la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas” en 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.
Las organizaciones, además, cuestionan el retraso en las respuestas por parte de las autoridades: “La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”.
Subrayan que durante el período transcurrido desde la introducción del primer transgénico, se calcula la aplicación de más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos en todo el país. Por eso, apuntan: “Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”.
A continuación publicamos el comunicado completo:
"Al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires Axel Kicillof
c/c Javier Rodríguez, Ministerio de Desarrollo Agrario
Ante el inminente vencimiento, por segunda vez, de la suspensión de la Resolución 246/2018, conocida como la resolución del veneno, y tras un año de trabajo por demás insuficiente e incompleto por parte del Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc, –ambos espacios creados por la Resolución 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que fuera presentado con el objetivo de generar “un mayor control de las aplicaciones para profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las necesidades de los productores”,– las comunidades de pueblos de la Provincia de Buenos Aires decimos:
La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas.
En un rápido, pero a la vez justo resumen podemos decir que desde 1991, año de la primera e incompleta reglamentación provincial, este tema no ha sido abordado con la seriedad y urgencia que amerita, al incidir, la práctica productiva que incluye venenos, en toda la provincia y sus comunidades de manera directa. Estamos hablando de 30 años de demora y a la vez de exposición constante de las y los habitantes de la provincia a plaguicidas altamente peligrosos. Dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia. Durante todo ese periodo transcurrido desde la introducción del primer transgénico –y llegando hasta los 61 existentes a la fecha–, el volumen de agrotóxicos aplicados creció exponencialmente. Se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno y genotóxico. El glifosato es el herbicida más usado en nuestra provincia.
Mientras el estado incumplía con sus deberes, las comunidades organizadas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido protecciones diversas, a través de la justicia u ordenanzas locales, tratando de subsanar la falta de políticas públicas concretas para alejar la utilización de productos extremadamente peligrosos de nuestras familias.
Las sucesivas declaraciones de su parte, o por parte de miembros de su cartera, que mencionan la posibilidad de una convivencia entre un modelo productivo sin venenos y el vigente dependiente de éstos, así como el escenario nacional tras el anuncio de la Iniciativa 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura Nación) que avanza sobre la zona de amortiguamiento, y las continuas referencias a las mentadas “buenas prácticas agrícolas”, merecen nuestro repudio.
En este sentido recordamos que la ordenanza más progresiva en las limitaciones territoriales a la aplicación de plaguicidas es la del Partido de Cañuelas, que establece una restricción absoluta de la aplicación de agroquímicos en forma terrestre de 2000 metros de las poblaciones. Si se aplicara la distancia de exclusión de la ordenanza de Cañuelas a todo el territorio de uso agrícola de la Provincia de Buenos Aires, se dispondría de una superficie de producción libre de aplicación de agroquímicos biocidas de alrededor de 1,2 millones de hectáreas. En esa superficie, de poco más del 10% de toda la superficie cultivable de la provincia, se podrían desarrollar las diversas variantes agroecológicas de producción, conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y estableciendo un entorno sano para el desarrollo de la vida de los habitantes de nuestra provincia. Al transformarse toda esa superficie cultivable en casos concretos de producción agroecológica, su ejemplo alentará la transición hacia la agroecología en el resto del territorio bonaerense, acercándonos de esa manera a la tan necesaria soberanía alimentaria.
Concretamente, además de la posibilidad de producir alimentos sin plaguicidas, con esa medida se evitarían los daños al ambiente y a la salud causados por las derivas de plaguicidas en agua, aire, suelo y alimentos para unos 20 millones de personas. De forma homogénea e inmediata. Priorizando la vida por sobre cualquier actividad productiva. Garantizando nuestros derechos constitucionales a la salud y a un ambiente sano. Un cambio en el 10 por ciento de la superficie cultivable que producirá una mejora inmediata en la calidad de vida de 20 millones de personas y que esperamos sea el inicio del cambio completo del modelo productivo. Que es urgente. Que no admite más dilaciones.
Por lo tanto, exigimos:
· La derogación de la Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario;
· Instrumentar de manera inmediata en toda la provincia de Buenos Aires la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.
· Prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, ya que son las que más riesgo y consecuencias generan al ambiente y las poblaciones.
· Instrumentar en esas hectáreas alcanzadas por la mencionada exclusión, las políticas públicas vigentes en el área y garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica.
· Celebrar a la brevedad un convenio técnico ad hoc que permita a las y los pobladores de la provincia realizar de modo gratuito análisis de agua de consumo destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas más utilizados en la actualidad para evitar consecuencias a la salud de la población por la ingesta de agua plausible de estar contaminada.
– Se provea de modo gratuito a la población bonaerense un laboratorio público de referencia con la capacidad de realizar análisis de sangre, orina y leche materna destinados a detectar y cuantificar la presencia de los agroquímicos biocidas.
– Incorporar análisis de agrotóxicos en el examen bacteriológico físico y químico que se realiza anualmente para el agua potable y segura en las escuelas, bajo la responsabilidad de los Consejos Escolares.
«Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.» Artículo 41 de la Constitución Nacional".
