Así lo estableció en el Boletín oficial este jueves, tras la sanción en octubre del 2020 de la Ley 15.192 de Emergencia para Asociaciones Civiles provinciales luego de su paso por el Senado y la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Inicialmente, el Proyecto de Ley fue impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos.
En ocasión de su aprobación, el propio Tignanelli señaló que se trató de “poner sobre la mesa una deuda histórica del estado provincial con estas instituciones”.
Se trata de beneficios para instituciones como Clubes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades de Fomento, Jardines Comunitarios u Organizaciones de Comunidades Migrantes, cualesquiera sean sus ingresos, y a las Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes que tengan ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.
En tanto, la norma establece “que las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la Provincia de Buenos Aires, que tengan ingresos anuales totales mayores al monto equivalente de la categoría G de monotributo, deberán efectuar el pago por Consumo Real de Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales, en los casos en que el sistema de facturación se efectivice por servicio medido”.
Al respecto, la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales, Maite Alvado, manifestó que “es de suma importancia el avance sobre este artículo de la Ley, que permitirá a las instituciones acceder a estos beneficios en un contexto muy difícil para todos y todas, y que también significa un acto de repararación respecto del gran tarifazo aplicado durante el gobierno de Vidal y que pone, por primera vez, al Estado del lado de las Asociaciones”.
El Gobierno avanza así sobre los beneficios de la Ley de Emergencia para Asociaciones Civiles Provinciales y aplica la Tarifa Cero y Tarifa por Consumo Real de Servicios Públicos durante la emergencia sanitaria, dispuesta por el Decreto Nº 132/2020 ratificado por la Ley N° 15.174 y su prórroga aprobada por el Decreto Nº 771/2020.
La resolución, rubricada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Agustín Pablo Simone, prevé que para acceder al beneficio las Asociaciones Civiles y Mutuales deben estar registradas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
