En esa investigación ya fue condenado el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego ilegal Leonardo Peiti.
Además, se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para conocer si además puede ser imputado el senador peronista Armando Traferri, apuntado como la presunta “cabeza” de la investigada organización.
Medios nacionales informaron que Serjal pasó de cobrar 420 mil pesos por mes "a subsistir económicamente vendiendo empanadas que hace en su casa".
El ex fiscal regional desde febrero del año pasado se encontraba en prisión preventiva domiciliaria. Incluso ya había obtenido permisos para salidas terapéuticas, como al psicólogo y psiquiátrica debido a su diagnosticado cuadro de depresión que ocurrió después de haber sido detenido, imputado y destituido en su puesto –por decisión de la Legislatura santafesina–.
Ahora, el camarista Llaudet además de darle la libertad a Serjal, impuso una serie de reglas de conducta como la prohibición de salida de Rosario y del país; entrega del DNI y pasaporte; prohibición de contacto con otros coimputados; y el pago de una caución real por un monto de diez millones de pesos.
El abogado particular del ex titular de la Fiscalía de Rosario, Ignacio Carbone, dijo hoy que esos diez millones de pesos serán brindados por un familiar que pondrá a disposición su propiedad. Añadió que actualmente su cliente subsiste económicamente de dos formas: por la venta de empanadas a comercios de comida al paso; y por dinero que prestan sus amigos a través de una “vaquita” de unos cinco o seis mil pesos– para pagarle el alquiler y parte de su alimentación.
Los fiscales de la causa por corrupción ligada al juego clandestino Luis Schiappa Pietra y Matías Edery se opusieron a la libertad al considerar que era “razonable” que espere el juicio en prisión preventiva, máxime cuando la pena que adelantaron que pedirán es de doce años de cárcel. “En otros casos, con estas acusaciones, no se toman resoluciones de esta naturaleza”, reclamó Schiappa Pietra.
Patricio Serjal fue imputado a principios de agosto de 2020 en medio de una enorme crisis institucional en el Ministerio Público de la Acusación. Colegas suyos como Luis Schiappa Pietra, Matías Edery, María Eugenia Iribarren y Gisela Paolicelli lo acusaron de haber cobrado coimas mensuales del empresario Leonardo Peiti de unos cinco mil dólares a cambio de brindar protección en la región en caso de resultar investigado.
Su detención, imputación y posterior destitución en el puesto –decidida por la Legislatura santafesina– obligó a una reestructuración en la Fiscalía de Rosario, que pasó a tener como jefa a María Eugenia Iribarren, casualmente una de las que había investigado el juego ilegal.
En el transcurso de la investigación, Serjal a través de sus abogados particulares presentó en varias oportunidades pedidos de prisión preventiva domiciliaria. Basaba esas solicitudes en problemas médicos que luego fueron confirmados con el diagnóstico de un cuadro de depresión seguido de una pérdida de peso de 18 kilos. En ese marco, en febrero del año pasado, la Justicia local le otorgó la morigeración en las condiciones de detención y lo mandó a su domicilio.
Con esta nueva resolución judicial, el ex titular de la Fiscalía de Rosario aguardará libre el juicio por corrupción vinculada al juego clandestino. Se estima que entre marzo y abril se hará la audiencia preliminar y el juicio será en septiembre, de acuerdo a estimaciones hechas desde la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
En esa investigación, los fiscales esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien debe definir si el senador provincial –por el departamento San Lorenzo– Armando Traferri puede ser llevado a una audiencia imputativa para atribuirle los mismos delitos que a Serjal, como cohecho y asociación ilícita. El legislador hasta ahora no pudo ser acusado por gozar de inmunidad parlamentaria.
No obstante, Serjal tiene otro frente abierto: se trata de la mediática causa por daño ambiental contra la firma Petroquímica Bermúdez. Allí, está imputado por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Según fuentes de la investigación, en ese expediente la imputación de los fiscales Schiappa Pietra y Edery se basó en la instrucción que dio Serjal a un subordinado, el fiscal Juan Carlos Ledesma, para que manifiesta que el MPA no tenía interés en la persecución penal en esa causa por daño ambiental, por lo que decidía la extinción de la acción penal.
