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Los imputados son el sacerdote Tulio Matiussi, de 48 años; el exportero Anselmo Ojeda (de 60) -el único que continúa detenido con prisión domiciliaria- y la preceptora María Luján Rubíes (53), quienes llegan a juicio por "abuso sexual simple agravado por la calidad de sus autores", por tener a su cargo la guarda de los menores afectados y, en el primero de los casos, por ser un ministro de culto.
El debate oral estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 de San Nicolás de los Arroyos, que preside María Elena Baquedano, y las audiencias se desarrollarán los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo a partir de las nueve de la mañana.
Según fuentes judiciales, unos 60 testigos declararán en las audiencias que se desarrollarán en los tribunales de San Nicolás, ubicado en la calle Guardias Nacionales 47, de esa ciudad de la zona norte bonaerense.
"Estamos convencidos de que los tres imputados son culpables, porque nuestros hijos no mienten y porque en la causa sobran pruebas que los incriminan", aseguraron en un comunicado los padres de los niños abusados y la comunidad educativa frente al inicio del juicio.
En ese texto, señalaron que "en esta nueva etapa de este largo proceso tenemos la convicción de que los jueces María Elena Baquedano y Alejandro Gabriel López, del Tribunal Oral en lo Criminal 2, terminarán dictando una condena".
"Para las mamás, los papás y todos quienes defendemos los derechos y la integridad de nuestras hijas e hijos es muy importante que la mayor cantidad de periodistas y medios estén al tanto de este proceso y nos ayuden a difundir sus alternativas", agregaron.
Además, indicaron que el caso "tocó los intereses del Obispado de San Nicolás, especialmente del obispo Hugo Santiago, y el Rector del Santuario Hugo Prieto", a quienes calificaron como "protectores de Matiussi" por haber "solicitado su libertad" y alojarlo en una sede de la diócesis para que cumpla su libertad condicional. "Se hicieron cargo de los honorarios de su defensa", apuntaron.
La investigación
La misma finalizó en junio pasado, cuando el titular de la UFIJ 8 de Baradero, Hernán Granda, pidió la elevación a juicio por considerar acreditado que "durante el curso lectivo 2017" los imputados sometieron a abusos a los niños en horario de clases, delito que cometían tanto de manera "colectiva" como "individual", con o sin la presencia de otros chicos como testigos.
"Producto de estas prácticas por parte de los imputados se verificaron signos de abuso sexual infantil en todos los menores", afirmó el fiscal.
No obstante, Granda terminó pidiendo que los tres sean juzgados por el más leve de los delitos contra la integridad sexual -abuso simple- y no por violación -"abuso sexual con acceso carnal"-, que fue la calificación inicial del hecho.
Tras haber permanecido cinco meses detenido, el sacerdote esperó el juicio en libertad desde mayo de 2019, mientras que el portero cumple prisión preventiva domiciliaria y la preceptora "nunca estuvo detenida", según fuentes de la investigación.
"Como lo venimos sufriendo desde el principio, la jerarquía eclesiástica haciendo uso de su poder y su capacidad de influencia para encubrir a los culpables y atacar y perseguir a quienes los denunciamos", manifestaron padres y comunidad educativa en el comunicado divulgado en las últimas horas.
Por último, explicaron que les costó mucho llegar a esta instancia y agradecieron "a todas y todos quienes nos apoyaron desde el principio y a quienes lo fueron haciendo a lo largo de estos años".
"Esa extensa red de solidaridad para con nuestros hijos e hijas nos llena de energías para afrontar esta nueva etapa con firmeza y esperanza. Y agradecemos también el compromiso de quienes desde el periodismo siempre nos respetaron y se comprometieron con nuestras familias", finalizaron.
