Organizaciones ambientales repudiaron el proyecto de ley de humedales presentado por el Ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié.
El principal reclamo es que "mutila el proyecto consensuado".
Este es el texto difundido en las últimas horas:
"Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Humedales, que impulsamos el proyecto consensuado de Ley de Humedales, denunciamos y repudiamos la estrategia llevada por el Gobierno Nacional, mediante el Ministro Juan Cabandié, en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Así, Ambiente promueve un proyecto de ley que permite explotar humedales, restringe el alcance de su protección y está hecho a medida de los sectores que los destruyen. Un texto que contradice y minimiza el proyecto consensuado por organizaciones, científicos y científicas sin conflictos de interés y legisladores.
La semana pasada, el Ministerio de Ambiente anunció la presentación de un proyecto de Ley de Humedales acordado en el marco del COFEMA (cargos políticos designados a dedo por gobernadores). El ministro Juan Cabandié con tono triunfalista declaró que se trataba de un “hito en el consenso federal” y pretendió arrastrar en su maniobra a las organizaciones sociales al afirmar que fuimos parte de un proyecto regresivo en materia ambiental, escrito a puerta cerrada, con un único interlocutor, los estados provinciales, buenos alumnos del poder económico.
Queremos dejar muy claro que este acuerdo de cúpulas no tiene apoyo alguno de la ReNaHu ni del resto de las organizaciones ecologistas y calificar tajantemente como una mentira estratégica que este vaciamiento del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de Humedales haya sido con nuestro consentimiento.
El proyecto que apoyamos es el que construimos en los territorios junto con la ciencia digna y es el texto que recoge el dictamen unificado aprobado en 2020 por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con la firma de 23 diputadas y diputados de diversos bloques, un texto que representó un acuerdo histórico y una labor de más de un año entre organizaciones, científicos y científicas y asesores para arribar a un texto común, que abrevó de los extensos debates parlamentarios, conformó un amplio consenso sobre sus alcances y definiciones y resultó muy claro desde el punto de vista técnico sobre qué define y caracteriza a los humedales y los alcances de los servicios ecosistémicos que deben respetarse como un piso mínimo. Este proyecto de amplio consenso, perdió estado parlamentario en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el correntino Pitín Aragón, que jamás lo trató.
Fue vuelto a presentar en conjunto con numerosas organizaciones, el 2 de marzo de 2022, por intermedio del diputado nacional Leonardo Grosso con otros 36 legisladores. Cuatro meses después, en un bochorno pocas veces visto en el Congreso, aún no tiene giro a comisiones por parte del responsable de esa faena, Sergio Massa, presidente de la Cámara. Esto confinó al proyecto consensuado a un limbo administrativo ya que es imposible conocer a qué comisiones exigir un plenario para su tratamiento.
Se trata de un texto que claramente, cómo se expresa en sus fundamentos, ha logrado obtener un consenso casi sin precedentes en la historia legislativa nacional, para el que se destinaron largas horas de audiencia y ha logrado adhesiones y respaldo de organizaciones de la sociedad civil, científicxs, investigadorxs, profesionales y especialistas, movimientos sociales, campesinas/os e indígenas, asambleas, colectivos, entre otros.
Vale recordar que la indigna actitud del ministro Cabandié y de Gabriela González Trilla, de ignorar la labor, la constancia y la necesidad de organizaciones y asambleas territoriales de promover un proyecto de ley que proteja a los humedales y garantice un piso de derechos para la preservación de la vida; esta actitud centrada en atender únicamente a las cúpulas políticas, registra el triste antecedente del senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, que también se jactó de lograr consenso con un organismo restringido a la voluntad popular como el COFEMA.
En ambos casos, a favor del poder económico y en desmedro del interés común.
Desde Renahu consideramos que este nuevo intento de destrozar la iniciativa de una ley de protección de humedales desde los territorios va de la mano con el avance de las actividades destructivas que los ponen en riesgo, y con ellos, nuestro futuro pues la economía (y nuestra calidad de vida) depende de la naturaleza y nunca al revés.
Conciencia Ecológica / ReNaHu"
