Se trata de un primer paso de detenciones que se realizaron “in fraganti”, mientras se aguardan resultados de datos catastrales y otras pericias para determinar responsabilidades en las quemas.
En tres procedimientos diferentes en agosto pasado se detuvo a todos ellos en diversas zonas de islas entre San Pedro y el área frente a Rosario.
Se trató del primer procesamiento tras años de investigaciones, muchas de ellas sin resultados concretos. En muchos casos, se analizaron mapas catastrales, se buscaron responsabilidades de los dueños de los campos y se verificó el ingreso de ganado a las islas.
Hasta el municipio de Rosario se presentó como querellante en estas causas y se puso a disposición de la Justicia para ampliar información. La reiteración de las quemas en los mismos terrenos en forma sostenida y reiterada fueron un dato subrayado por el Ejecutivo local.
Pero estas tres causas van en dirección con los operativos que las fuerzas de seguridad desplegaron en el territorio. Y se trataron de detenciones “in fraganti”.
El 14 de agosto pasado, en la zona del arroyo El Tigre, justo frente a San Pedro y en juridiscción de Gualeguay habían sido detenidos los primeros tres apicultores que producían una quema. En un avistaje aéreo se pudo detectar el foco ígneo en tiempo real. En aquel momento se montó un operativo por tierra y agua en conjunto con la policía entrerriana.
Los tres detenidos fueron un hombre de 54 años, y sus dos hijos de 22 y 18 años. Todos ellos habían manifestado ser apicultores que estaban en el lugar realizando un contrafuego para impedir el avance de las llamas que ellos no habían provocado. Se había argumentado que se hizo para proteger los panales que explotaban en el lugar. La dimensión del fuego se determinó en un radio de un kilómetro y medio con lenguas de 40 metros de alto.
Al otro día, pero cerca de Victoria, el grupo de elite Albatros de Prefectura Naval detuvo a un baqueano prendiendo fuego. Los uniformados que estaban con fuerte presencia en la zona determinaron que la quema se había realizado en el río El Espinillo cuando confluye con el arroyo Carbón Grande en una zona más conocida como río Victoria.
El puestero de a caballo fue interceptado tras haberse constatado que efectuó tres inicios de focos en un radio muy pequeño de unos 15 metros cuadrados.
Luego, el 23 de agosto, al costado del arroyo Los Laureles (isla El Holandés, departamento Victoria) y en línea recta con Villa Constitución fueron detenidos otros tres apicultores, todos ellos radicados en San Pedro, provincia de Buenos Aires.
Fueron acusados de haber iniciado el fuego en el arroyo El Tigre y, al ser apresados por efectivos de Prefectura Naval, adujeron que debieron efectuar un contrafuego para protegerse ellos y sus producciones, pero que luego pudieron sofocar.
Bajo la imputación de haber puesto en peligro bienes en común, se estableció que la zona afectada era de unas 3 mil hectáreas.
Ahora, el juez federal con asiento en Victoria, Federico Martín, procesó a los siete con penas establecidas entre los 3 y 10 años de prisión; se les embargaron bienes y se les prohibió ingresar al sector afectado al menos por 90 días. Se los procesó bajo la imputación de incendio doloso y como generadores de un peligro común para los bienes y personas en forma indeterminada.
Todos ellos también como coautores, pero gozando de la libertad en concordancia con los criterios consensuados entre la Fiscalía y las defensas de los procesados.
Fueron liberados el 30 de agosto pasado, pero quedaron ligados y procesados en estas tres causas.
Cabe recordar que en agosto se vivió un clima convulsionado en Victoria. Ya que a pocas horas de las detenciones de los ahora procesados, familiares de los apicultores protagonizaron una protesta frente a la Alcaídia de la Policía de Entre Ríos en Victoria. Habían proclamado la inocencia de los detenidos al subrayar que se trató de un malentendido, ya que los productores habían realizado un contrafuego para salvar herramientas y elementos de trabajo que veían amenazados.
Las detenciones de las fuerzas de elite desplegadas por el gobierno nacional y con el apoyo de las fuerzas entrerrianas se dieron en un contexto de alta tensión entre algunas autoridades entrerrianas y el municipio rosarino.
