La sala "B" de la Cámara rosarina revocó este jueves un fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Bailaque, quien en agosto de 2021 había dispuesto no hacer lugar a la "nulidad por cosa juzgada irrita" planteada por el fiscal federal nicoleño Matías Di Lello, paso necesario para poder avanzar en las indagatorias a los acusados por el homicidio del obispo.
La muerte de monseñor Ponce De León, ocurrida a las 6.30 del 11 de julio de 1977 en la ruta nacional N°9, en jurisdicción de la ciudad de Ramallo, fue juzgada durante la dictadura como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Por ese hecho fue condenado Luis Antonio Martínez en 1977.
Según la sentencia, que fue confirmada por una Cámara nicoleña, Martínez era el conductor de la camioneta Ford F-100 contra la que colisionó el Renault 4 conducido por el obispo, que iba acompañado por su asistente Víctor Martínez, aquella mañana de niebla y lluvia.
Por pedido del entonces fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, la causa fue reabierta en 2004 por el juez de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruso, para ser investigada como un posible crimen de lesa humanidad urdido por las autoridades militares de esa ciudad bonaerense durante la última dictadura.
La investigación posterior, seguida por el fiscal Di Lello, permitió descubrir, según la fiscalía, una serie de "irregularidades" en la causa provincial que juzgó la muerte de Ponce como accidente de tránsito.
Di Lello pidió entonces las indagatorias del por entonces mayor del Ejército y jefe de Inteligencia del Área 132 Antonio Bossié; del entonces capitán Bernardo Landa; del mayor Omar Andrada; de Luis Martínez; y de Carlos Bottini, directivo de la firma Agropolo SA y propietario de la Ford F-100.
Según explicó a Télam Murray, ahora fiscal de la unidad de causas de lesa humanidad, para producir las indagatorias era necesario que el juez Bailaque declarara la nulidad "por cosa juzgada írrita" de la sentencia de 1977 que condenó a Martínez, quien de no ser así podría argumentar que es juzgado dos veces por el mismo hecho.
Bailaque rechazó ese planteo al argumentar que no existía prueba nueva y contundente para declarar nula aquella sentencia, fallo que fue revocado este jueves por la Cámara Federal de Rosario.
De esa manera, Murray señaló que ahora el juez Bailaque debería llamar a indagatoria a los imputados por el fiscal Di Lello por su presunta participación en el asesinato de Ponce De León.
En los fundamentos de la resolución, la Cámara indicó que en relación a los vicios formales del caso, la investigación iniciada en 2004 permitió determinar que "desde el año 1975 a Ponce de León se le realizaban tareas de inteligencia y que recibía constantes amenazas de muerte".
También que "existen discrepancias entre el informe médico agregado en la causa del año 1977 con el realizado en este expediente en el año 2009 sobre el cuerpo de la víctima", y que "ha desaparecido la documentación que el obispo conservaba respecto de personas detenidas, perseguidas o desaparecidas durante la última dictadura".
Además, "no se ha podido determinar de manera categórica cómo fue la mecánica del hecho".
La Cámara señala que también se observan en la causa de 1977 "vicios sustanciales" entre los que enumera "no haberse practicado examen médico externo del cadáver por parte del médico de policía o perito médico forense que determinara como evidentes las causas de la muerte y desaconsejara, de esa manera, practicar la correspondiente autopsia".
También "no haber agregado al expediente certificado médico alguno que estableciera las causas de la muerte de la víctima" y que "no se practicó pericia accidentológica (…) que estableciera en forma fehaciente e inequívoca o aún presuntiva, la mecánica del siniestro" en el que murió el obispo de la diócesis nicoleña.
Un perito de parte, mediante el uso de instrumentos técnicos actuales, relativizó la idea del siniestro vial al sostener que la camioneta Ford F-100 contra la que chocó el Renault conducido por Ponce De León estaba detenida y no en movimiento, como declaró Martínez.
Y que no existe movimiento de freno alguno de la camioneta, sólo del auto del obispo.
Además, el fallo de Cámara sostiene que "no es posible soslayar que el obispo estaba siendo objeto de operaciones de inteligencia, seguimientos y amenazas por parte de los órganos represivos del gobierno de facto (operaciones y amenazas que estaban directamente vinculadas a las defensas realizadas por Ponce de León respecto de personas perseguidas o desaparecidas)".
Esos antecedentes, dice la resolución, "al menos hacen sospechar que el deceso de Ponce de León pudo estar pergeñado por parte de las autoridades militares del Área Militar 132", conducida entonces por el coronel Manuel Fernando Saint Amant.
Entre las evidencias de la causa, existe un mensaje que recibió entonces el obispo, que hizo referencia al crimen de su par de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, asesinado un año antes por la dictadura.
"Terminamos con Angelelli, se acabó Brasca, ahora le toca a usted", decía un mensaje.
También el testimonio del padre Nicolás Gómez, seminarista en aquel momento, quien declaró que "Saint Amant poseía un carácter pésimo, autoritario y cruel, lo maltrataba directamente a Ponce De León".
"No andaba con intermediarios, al punto tal que una vez el obispo Ponce de León le comentó que cuando comenzaron a haber desapariciones de las personas, Ponce de León había intercedido por la desaparición de niños y personas, y que ante su requerimiento, Saint Amant le respondió «y sí, yo los detengo, y qué»", declaró el testigo.
Y agregó que "el trato de Saint Amant era muy fuerte al punto que le dijo a Ponce de León «yo voy a hacer desaparecer a todos lo que están junto a usted, y a usted todavía no puedo porque es obispo»".
