Por lo tanto, los colegios de la Provincia que reciben aporte estatal podrán aumentar hasta un 50% con relación a la mensualidad que se pagó en diciembre de 2023 según informaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires (AIEPBA) y en la CABA podrán aplicar un ajuste de hasta 40%.
AIEPBA había reclamado a los responsables de las áreas educativas un nuevo cuadro tarifario luego de que se conocieran los índices de costo de vida de diciembre y de enero (25,5% y 20,5% respectivamente), al considerar que la autorización realizada en el último mes de 2023 había quedado desactualizada.
“Todavía resulta un incremento menor al índice de precios al consumidor. Esa diferencia la vamos a absorber desde las instituciones con el objetivo de facilitar a las familias la continuidad dentro del sistema”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.
Luego de esas gestiones realizadas por AIEPBA los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad emitieron las correspondientes resoluciones en las que aceptan el nuevo esquema tarifario a aplicar a partir del mes de marzo.
“Sabemos que resulta complicado y un gran esfuerzo para la comunidad de padres sostener en muchos casos el pago de los incrementos, pero es necesario adaptar los ingresos de las entidades a los aumentos constantes en todas las variables económicas y acompañar la actualización paritaria salarial del sector docente", explicó Zurita.
AIEPBA viene advirtiendo sobre los riesgos que implican para el funcionamiento de los colegios privados los aumentos desproporcionados en los costos operativos y el retraso en la autorización de actualización de los aranceles.
Como se ha venido informando desde estas entidades, el 90% del gasto de funcionamiento de un instituto de educación corresponde a los salarios de los trabajadores. En este contexto, en los últimos días otras dos cámaras acordaron pese al rechazo de AIEPBA, un aumento que alcanza el 280% interanual en el haber que se abona a los empleados de administración y maestranza de colegios de CABA y GBA, agrupados en SAEOEP.
“Es un ejemplo extremo de las desproporciones que se registran en esta actividad regulada y que atenta contra el buen funcionamiento y la prestación de un servicio de calidad. Ese aumento negociado en la última paritaria supera significativamente los incrementos arancelarios permitidos a las instituciones educativas, lo cual plantea un riesgo financiero y económico insostenible para nuestras entidades”, agregó Zurita.
