Durante el encuentro, la abogada planteó la preocupación de las autoridades en relación a "la reiterada alteración del orden público y la pérdida de días de clases que han venido sufriendo los estudiantes, que han tenido que evacuar los establecimientos en varias oportunidades ante estos actos de intimidación".
En declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3 y Flow), la asesora letrada explicó: "La Municipalidad tiene un interés en que se encuentre a los responsables y el código habilita a que nos podamos presentar para seguir los avances de la causa. No puedo dar detalles pero si podemos adelantar que está muy avanzada la investigación".
Además, recordó que se trata de un delito cuyas consecuencias legales para los responsables, sean menores o mayores de edad, serán de por vida.
Además del seguimiento de la causa, también se establecerán actuaciones en los establecimientos educativos: "El Intendente me pidió que junto con Lorena López (Jefa Distrital de Educación) instrumentemos espacios que nos ayuden a reflexionar en las escuelas, junto a los alumnos y los padres. En el hipotético caso de que sea un menor o varios menores, la responsabilidad se transfiere a los papás. El Fiscal me aseveró, sin dar detalles porque no puedo decir si se trata de un menor o un adulto, que va a haber consecuencias, porque no es un delito menor. Si traducimos en dinero todo el gasto que representa el protocolo estamos hablando de un perjuicio económico muy grande. Si se trata de un menor y tienen que responder los padres, el monto es muy grande, porque hay personal de salud, policial, explosivos, municipales y el gasto de la propia Fiscalía".
