En el texto, la institución que preside la licenciada Paola Vaccari expresa su "profunda preocupación y desilusión" por la situación, dado que "contraviene de manera flagrante la Ordenanza Municipal Nº 943 del 26/02/1997".
De acuerdo a lo interpretado por las autoridades del CUR, "esta normativa establece claramente que la prioridad de uso del inmueble adquirido debe ser proporcionado a los jóvenes de San Pedro en materia educativa de nivel superior".
Adicionalmente, expresan, "es innegable que recientemente se emitió una directiva proveniente del Jefe de Gabinete en este contexto, dado que el Intendente Cecilio Salazar quien ejerce la máxima autoridad en el Poder Ejecutivo local".
Desde el Centro Universitario plantean que "a su actual accionar le subyace un interés claro, carente de legitimidad, que solo puede explicarse por el descontento manifiesto y comprometido desde el inicio de las actuales gestiones municipales para con el desarrollo del Centro Universitario Regional y, como resultado, de las iniciativas educativas superiores en el partido de San Pedro, así como a una disyuntiva seria".
Ratificando esa posición, manifiestan que "hay una contradicción (…) cuando se ratifica que el Plan de Gobierno Camino y Presente 2020-2024 tiene como foco prioritario la educación y la formación de los jóvenes".
En un tono más duro, la institución agrega: "Es alarmante observar cómo miembros del gabinete municipal hacen constantes proclamaciones sobre la importancia de la educación para nuestros jóvenes, mientras demuestran una preocupante carencia de políticas públicas educativas concretas y efectivas. Las palabras no transforman la realidad, son los hechos los que reflejan el verdadero compromiso con el desarrollo educativo. Por lo tanto, instamos al Sr. Intendente Municipal a que desista de esta actitud arbitraria hacia el Centro Universitario Regional y mantenga el cumplimiento de la legislación vigente que prohíbe cualquier uso diferente del inmueble en cuestión".
En el último tramo exigen "que el Municipio de San Pedro, bajo la dirección de su máxima autoridad, arbitre los medios pertinentes para salvaguardar el derecho constitucional de los jóvenes de San Pedro a la educación superior". Finalmente, dejan constancia de que "si se persiste en la actitud de arbitrio y de desconsideración del interés público, se nos obligará a tomar todas las medidas legales que correspondan y asumimos desde ya el costo para proteger el verdadero interés educativo de la comunidad de San Pedro".
