Continúa el juicio por jurado contra el docente acusado de abuso sexual en la Escuela Agraria

Se desarrolla este viernes en San Nicolás la segunda audiencia del juicio por jurado en el que Nicolás Pérez, un docente de 34 años, está imputado por presuntos abusos sexuales cometidos en la Escuela Agraria. Si bien el acusado recibió siete denuncias en su contra (incluso contra alumnas de otros establecimientos), solo cuatro de los casos llegaron a la instancia de juicio oral. La jornada de hoy se centra en la recepción de testimonios de dos de las víctimas, así como de sus familiares y de los psicólogos que las asistieron tras los hechos denunciados.

Diputados aprobó el proyecto para prohibir la venta de nafta a motociclistas sin casco

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que prohíbe el expendio de combustibles a aquellos motociclistas que circulen sin el casco reglamentario.
La iniciativa legislativa es similar al programa "Sin Casco no hay Nafta", lanzado el año pasado por el Ejecutivo bonaerense y que requería de la adhesión de los municipios, que en algunos casos establecieron la prohibición por ordenanza.
Si el Senado convalida el proyecto, todas las estaciones de servicio estarán obligadas a no vender combustible a quienes viajen en sus motos sin el casco reglamentario.
Si no cumplen con esta prohibición, los dueños de los establecimientos serán sancionados con una multa equivalente de 100 a 1000 litros de nafta súper.
La diputada Mónica López, autora de la iniciativa, indicó que "en el informe elaborado en el año 2009 por el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) se señala que la siniestralidad y mortalidad de conductores de motos y ciclomotores alcanzó a 1669 casos, de los cuales 1049 (62.8%) resultaron con heridas graves y 463 (27.7%) con muerte inmediata".
"Con el propósito de promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Código de Tránsito para la Provincia de Buenos Aires, el Estado debe liderar el proceso y la política de seguridad vial y el sector privado debe participar activamente en las medidas de prevención", agregó.
El proyecto dispone como autoridades de aplicación de la norma a los municipios, el ministerio de Producción y la Jefatura de Gabinete. Estas deberán designar inspectores para que controlen el cumplimiento de la ley.
Finalmente, el importe de las multas que se apliquen se dividirá correspondiendo un 60% para la Municipalidad de la jurisdicción en que se ha cometido la infracción; un 20% con destino al ministerio de la Producción; y un 20% a la Jefatura de Gabinete.