Continúa el juicio por jurado contra el docente acusado de abuso sexual en la Escuela Agraria

Se desarrolla este viernes en San Nicolás la segunda audiencia del juicio por jurado en el que Nicolás Pérez, un docente de 34 años, está imputado por presuntos abusos sexuales cometidos en la Escuela Agraria. Si bien el acusado recibió siete denuncias en su contra (incluso contra alumnas de otros establecimientos), solo cuatro de los casos llegaron a la instancia de juicio oral. La jornada de hoy se centra en la recepción de testimonios de dos de las víctimas, así como de sus familiares y de los psicólogos que las asistieron tras los hechos denunciados.

Casini y Sánchez Negrete rechazan el veto de Guacone sobre la publicación de decretos

Los concejales Carlos Casini y Mario Sánchez Negrete impulsaron el rechazo del veto al inc. d) del art. 2 de la Ordenanza modificatoria del Boletín Oficial, que fuera aprobada en el mes de abril por unanimidad y después de haberse consensuado modificaciones al proyecto original. 
Los autores recuerdan que ese proyecto fue aprobado por todos los concejales, incluidos los que responden al Departamento Ejecutivo.

El artículo es el referido a la publicidad de los decretos, que son los que determinan entre otras cuestiones, las designaciones de personal, las bonificaciones a los empleados, los aumentos de salarios, las adecuaciones presupuestarias, en que se gasta el dinero de los contribuyentes, los cambios de categoría de los empleados, las contrataciones privadas (hasta $ 350.000), los acuerdos firmados, etc. 
“Llamativamente y sin que ningún funcionario del DEM se haya presentado a fundamentar el veto (a pesar de haber sido citados) también se emitió dictamen pidiendo el archivo del expediente por parte de la concejal Sandra Mari” señaló Sánchez Negrete. 
 El edil precisó que “sin perjuicio de lo antes expuesto, el DEM sigue violando su obligación legal establecida por la Ordenanza 5731 ya que no publica las licitaciones (públicas o privadas), ni los concursos de precios ni sus resultados como está obligado el DEM)”. 
 Finalmente, y dejando abierta la posibilidad de avanzar en otros ámbitos, se pregunta si “incumplir la Ley (Ord. 5731) ¿no implica incumplimiento de las obligaciones de un funcionario público?”.