Continúa el juicio por jurado contra el docente acusado de abuso sexual en la Escuela Agraria

Se desarrolla este viernes en San Nicolás la segunda audiencia del juicio por jurado en el que Nicolás Pérez, un docente de 34 años, está imputado por presuntos abusos sexuales cometidos en la Escuela Agraria. Si bien el acusado recibió siete denuncias en su contra (incluso contra alumnas de otros establecimientos), solo cuatro de los casos llegaron a la instancia de juicio oral. La jornada de hoy se centra en la recepción de testimonios de dos de las víctimas, así como de sus familiares y de los psicólogos que las asistieron tras los hechos denunciados.

Camina de Villa Gobernador Galvez a Buenos Aires, portando una cruz, para pedir por más seguridad

La particular cruzada de un vecino de Villa Gobernador Galvez para pedir por mayor seguridad llegó ayer a San Pedro.
Diego Martínez, un empleado de seguridad privada, decidió caminar, solitario, hasta la ciudad de Buenos Aires, para pedirle a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se tomen medidas para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía.
La singularidad del caso es que viaja vestido con uniforme de fajina militar (explica que “estamos en guerra contra la delincuencia”) y portando una cruz de madera de grandes dimensiones que dice “Seguridad para todos/as”.  
Martínez partió de su ciudad natal el 25 de abril, pasó por el Monumento a la Bandera, en Rosario, y luego siguió su trayecto por la ruta 9, parando en cada pueblo y ciudad.
“Voy a Plaza de Mayo para pedirle colaboración a la Presidenta de la Nación, por la que milité para su reelección” indicó, en declaraciones a APA Radio San Pedro.
En una nota dirigida a la población de los lugares que visita, Martínez pide que se construyan más cárceles, talleres y escuelas, porque “el delincuente preso no mata ni roba”.
Pero al mismo tiempo, reclama que se mejoren las condiciones en las comisarías y los penales, y que las nuevas cárceles no sean solo para amontonar presos, sino para rehabilitarlos a través del estudio y el trabajo obligatorio.
En su propuesta, pide que el trabajo se le pague, y que una parte de ese sueldo sea para devolver al estado el gasto que genera tenerlos detenidos, otra para ayudar a sus hijos (si los tienen) y finalmente un resto para depositar en una caja de ahorro para que al terminar la condena tenga dinero para vivir dignamente hasta cobrar un sueldo en el trabajo que el mismo estado debe conseguirle.
Además, insta a la población a no comprar lo robado porque “el que lo hace es cómplice”. “Lo robado, aunque no lo veas, está manchado con sangre inocente, quizás la siguiente víctima es tu hijo, tu madre o alguno de tus seres queridos”.