Fiscalía y acusación pidieron 25 años de prisión para el docente condenado por abuso

La Fiscala Viviana Ramos y el abogado de las víctimas, Fernando Nouet, pidieron 25 años de prisión para Nicolás Pérez, el docente que fue condenado por un jurado popular por ser hallado culpable de abusos contra cuatro alumnas de la Escuela Agraria.  La presentación fue realizada en la audiencia de cesura que tuvo lugar este miércoles en San Nicolás, como paso previo a que el tribunal resuelva sobre el monto de la pena. 

La Cámara de Comercio celebró el rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet

El rechazo de la Legislatura Bonaerense al uso obligatorio del posnet en los comercios fue celebrado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que planteó la necesidad de “asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”. 
En una nota enviada por la CAC al Centro de Comercio e Industria, sostiene que realizaron “gestiones ante múltiples organismos en favor de las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, que resultarían perjudicadas en caso de que dicha obligación se hubiera aprobado”. 

Para la CAC, “muchos de los pequeños comercios de la Provincia de Buenos Aires no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos vinculados con la operatoria de ventas con tarjeta de débito y/o crédito”. 
 Además, argumenta que “en el caso de las tarjetas de crédito, los plazos de pago a las empresas para las operaciones a pagar en cuotas por los consumidores se han extendido, en las principales emisoras, de 48 hs a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos)”, lo que significa “un esfuerzo de financiamiento difícil de superar para las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires”. 
Entre otras cuestiones, la nota enfatiza el apoyo de la CAC a “la transparencia y la formalización de las actividades productivas”, sostiene que “no es facultad del Estado exigir a las empresas utilizar mecanismos de pago que no sean la moneda de curso legal, y que es necesario asegurar la libertad de cada empresario para adoptar los medios de cobranza y tecnología que considere más aptos para su actividad”.