Continúa el juicio por jurado contra el docente acusado de abuso sexual en la Escuela Agraria

Se desarrolla este viernes en San Nicolás la segunda audiencia del juicio por jurado en el que Nicolás Pérez, un docente de 34 años, está imputado por presuntos abusos sexuales cometidos en la Escuela Agraria. Si bien el acusado recibió siete denuncias en su contra (incluso contra alumnas de otros establecimientos), solo cuatro de los casos llegaron a la instancia de juicio oral. La jornada de hoy se centra en la recepción de testimonios de dos de las víctimas, así como de sus familiares y de los psicólogos que las asistieron tras los hechos denunciados.

Abusos en un jardín: Investigan la participación de un sacerdote

El avance de la causa que investiga los presuntos abusos a pequeños alumnos del jardín “Belén” dio un giro importante a partir de la incorporación de nuevas denuncias en los últimos días. 
Cuatro de los abusos son investigados por la UFI 9 de Baradero, a cargo del Dr. Hernán Granda. La primera de las denuncias quedó radicada en la UFI 10 de San Nicolás, cuya titular es la Dra. Bisetti. 

La principal novedad está vinculada con la posible participación en los hechos denunciados de un sacerdote. En concreto, la persona mencionada en las denuncias es el padre Tulio Matiussi, hasta hace pocos días apoderado legal del establecimiento. 
Desde la Fiscalía 9 solicitaron que tomaron contacto con las autoridades del Obispado para pedir que el sacerdote no estuviera en contacto con la comunidad educativa hasta tanto se produzcan avances en la causa. Por tal motivo, en las últimas horas se confirmó que Matiussi no es más el representante legal, cargo que ahora absorvió Carlos Miri, vicario general y administrador general del Obispado. 
La causa tenía como primer imputado a un empleado del establecimiento, que desempeñaba tareas como portero. También en este caso se lo apartó, antes de fin de año, preventivamente de su cargo. 
La carátula, por el momento, es “Abuso sexual simple”, ya que no se detectaron signos de lesiones en las víctimas. Sin embargo, hay un agravante previsto en el Código Penal, porque los imputados son responsables del culto, la educación o la guarda. 
La pena que puede caerles, en caso de comprobarse los delitos denunciados, va de 3 a 10 años de prisión. De todos modos, restan todavía pasos fundamentales en la instrucción, entre ellas las cámaras de Gesell a las víctimas.