Fiscalía y acusación pidieron 25 años de prisión para el docente condenado por abuso

La Fiscala Viviana Ramos y el abogado de las víctimas, Fernando Nouet, pidieron 25 años de prisión para Nicolás Pérez, el docente que fue condenado por un jurado popular por ser hallado culpable de abusos contra cuatro alumnas de la Escuela Agraria.  La presentación fue realizada en la audiencia de cesura que tuvo lugar este miércoles en San Nicolás, como paso previo a que el tribunal resuelva sobre el monto de la pena. 

FEB pide una "definición urgente" por las clases presenciales

La insólita situación que atraviesa la educación en San Pedro, tras 48 horas en fase 2 pero a la espera de un documento que oficialice la suspensión de las clases presenciales, fue el origen de una dura nota de la Federación de Educadores Bonaerenses. 

En una comunicación dirigida a la Inspectora Jefa Distrital, Profesora Marcela Lucchesi, y firmada por Cristina Fossati, Secretaria General, UEB San Pedro solicita una "definición urgente ante la situación epidemiológica". 

La Comisión Directiva trasladó "la gran preocupación que la comunidad educativa tiene respecto de la presencialidad en las escuelas debido a que, como es de público conocimiento y anunciado por las autoridades provinciales, nuestro municipio pasó a Fase 2". La situación "implica suspender las actividades presenciales en los establecimientos educativos para continuar con el dictado de clases en forma virtual sin interrumpir la continuidad pedagógica". 

El objetivo pricipal "es proteger toda la comunidad educativa priorizando la salud, puesto que se ha detectado un aumento de casos y muertes por Covid-19, situación que compromete el sistema sanitario de San Pedro". 

También se hace necesario, sostiene el gremio, "reiterar lo ya planteado en los ámbitos de UEGD y del Comité Mixto Distrital respecto al bajo porcentaje de docentes y auxiliares vacunados contra el Covid-19, situación que expone en forma vulnerable la salud de los trabajadores de la educación". 

Finalmente, piden la intervención de las autoridades distritales "para que efectivicen las comunicaciones pertinentes y de esta forma dar cumplimiento a la normativa vigente".