Fiscalía y acusación pidieron 25 años de prisión para el docente condenado por abuso

La Fiscala Viviana Ramos y el abogado de las víctimas, Fernando Nouet, pidieron 25 años de prisión para Nicolás Pérez, el docente que fue condenado por un jurado popular por ser hallado culpable de abusos contra cuatro alumnas de la Escuela Agraria.  La presentación fue realizada en la audiencia de cesura que tuvo lugar este miércoles en San Nicolás, como paso previo a que el tribunal resuelva sobre el monto de la pena. 

Farmacéuticos sostienen que el decreto de Milei "pone en riesgo la salud y la profesión farmacéutica"


La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), cuestionó los alcances del Decreto firmado por el Presidente Javier Milei, afirmando que pone “en riesgo la salud, el modelo de farmacia profesional vigente y la integridad de la profesión farmacéutica”. 

Al mismo tiempo, la entidad indicó que "no es compatible con los principios constitucionales de la división de poderes y el federalismo”.

“La esencia misma de la farmacia argentina, concebida como un centro de salud con dispersión territorial, se ve amenazada por las disposiciones de este decreto, que promueven un modelo probadamente desacertado al intentar desregular y desprofesionalizar la función de la farmacia”, subraya el comunicado. 

La FACAF considera que el decreto deja “abierta la comercialización, como si el medicamento fuese una mercancía común”. De ese modo, concluye que se asemeja más “a un plan de negocios que al uso racional de una herramienta esencial para la salud” y alerta que se abre “el camino a las más penosas adicciones.”

“La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias siempre ha sostenido la importancia del rol de la farmacia como garante esencial de la salud, en consecuencia, redoblaremos los esfuerzos para que la farmacia argentina no sea afectada como resultado directo de este decreto y con ello se vea disminuido el derecho a la salud de los argentinos y el acceso al medicamento por parte de la poblaciónE recalca.

Por otra parte, pone de relieve que la salud es un “derecho de cada provincia no delegado en el gobierno nacional” por lo que creen necesario gestionar con las autoridades de cada estado federal para “explicar los riesgos sanitarios que conllevan estas medidas comprometiendo el acceso equitativo a medicamentos de calidad”, concluye.