La Subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura Monfasani, sostuvo, en declaraciones a La Radio 92.3, que la iniciativa del gobierno de eliminar la figura de femicidio del Código Penal "significa un retroceso de la sociedad en la lucha de los derechos conquistados para preservar la vida de mujeres maltratadas durante años".
Monfasani recordó que "no fue un antojo la ley contra la violencia de género, y esto evidencia que al Presidente y sus colaboradores les falta trabajo, estadísticas, involucrarse en esta temática".
En su discurso ante el Foro Económico de Davos (Suiza), el Presidente Javier Milei sostuvo: "Llegamos, incluso, al punto de normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima”.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su respaldo en un mensaje publicado en la red social X y prometió "eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley”.
Monfasani desmintió las afirmaciones del funcionario nacional, en coincidencia con lo expresado por asociaciones de víctimas y organizaciones internacionales especializadas. "Nosotros hoy manejamos estadísticas altísimas de víctimas de violencia, de femicidios y tentativas de femicidios. La semana pasada hubo cuatro femicidios en una semana. Nosotros trabajamos con números, estadísticas y denuncias. No por nada está la Ley de Violencia de Género".
En la Argentina, el concepto de femicidio se incorporó al Código Penal el 14 de diciembre de 2012, a través de la ley 26.79, votada por unanimidad. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que mate a una mujer mediando violencia de género.
Según trascendió, el proyecto de “Igualdad ante la ley” está bajo la dirección del asesor presidencial Santiago Caputo y es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, la encargada de su redacción.
El proyecto también modificaría aspectos de la ley Micaela, que brinda capacitación obligatoria a los funcionarios del Estado en materia de diversidad y violencia de género, según adelantaron en la Casa Rosada.
También se analiza la eliminación de todas las normas que incluyen medidas de discriminación positiva, es decir, que aseguran cupos para la participación femenina: desde los ingresos al empleo público a la inclusión de un 50 por ciento de mujeres en las listas electorales. Argentina fue pionera en ese rubro. Con el mismo criterio, se impulsa la eliminación del cupo para personas trans y personas con discapacidad.
La Subsecretaria explicó el alcance de esta normativa: "Al día de hoy nos cuesta que se caratule como femicidio como agravante. Sabemos que el femicidio tiene un peso a la hora de determinar la sentencia. Hace uno o dos años que la Justicia comenzó a entenderlo. Estoy segura que el Presidente va a concretar esta quita de derechos, como lo hizo con los jubilados, con el trabajo social. No puedo entender cuando se mete con parte de la sociedad y no entiende de lo que habla".
